Más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares, raciones que no cumplen con las medidas establecidas, tiempos insuficientes para que los estudiantes almuercen y el desperdicio de alimentos, son algunos de los hallazgos que obtuvo la Defensoría del Pueblo luego de revisar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 4 departamentos del país.
Así lo destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el ‘Protocolo Defensorial para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE’, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
Durante la construcción del Protocolo se realizaron visitas a instituciones educativas de Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira en las que se aplicaron los instrumentos de recolección de información a estudiantes, directivos, secretarías de educación y operadores del PAE.
En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.
Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas. En este caso en particular, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las instituciones educativas y a las familias para generar conciencia en los niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.
En 4 departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16% de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26% no tiene un lugar de almacenamiento, el 15% carece de comedor y el 22% no dispone de un sitio para la refrigeración
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa, es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia y fortalecer los espacios de participación y control como los Comités de Alimentación Escolar y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020”, concluyó el Defensor del Pueblo.
El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.
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