Autoridades locales vienen alertando sobre los constantes ataques por parte de grupos criminales, entre los cuales se encuentra el ELN, el cual tiene presencia en la mayoría de municipios del Chocó.
La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) informó, en la tarde de este viernes, que el Tribunal Administrativo del Chocó admitió una demanda por presunta vulneración de derechos colectivos en varios municipios del departamento.
De acuerdo con el oficio, el recurso legal, liderado por el abogado Andrés Caro Borrero en representación de la Fundación, también solicitó vincular como terceros procesales a otras entidades del Estado, entre ellas la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Interior y la Procuraduría General de la Nación, así como a los municipios de Bahía Solano, Nuquí, Juradó, Alto Baudó, Istmina, Sipí, Nóvita y Quibdó.
Asimismo, se ordenó notificar personalmente a los representantes legales de las entidades mencionadas, en cumplimiento del procedimiento contemplado en el artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por la Ley 2080 de 2021.
Este recurso judicial se basa en la creciente ola de violencia que se presenta en el departamento del Chocó, el cual cuenta con una alta presencia de grupos al margen de la ley, responsables de varias acciones criminales, entre ellas la instalación de artefactos explosivos, disputas territoriales, asesinatos y otros tipos de acciones que al final terminan afectando a la población civil.
Incluso, recientemente bloquearon la vía con un carrotanque de gasolina, el cual fue vandalizado con letreros alusivos a unos de los grupos que se encuentra en la región, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En medio de todos estos hechos, la alcaldesa del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, solicitó la ayuda del Gobierno Nacional para implementar mayores acciones para contrarrestar las altas tasas de violencia presentes en la zona.
Sin embargo, con este nuevo recurso judicial se espera que el proceso ahora inicie con una etapa procesal, en la que las entidades demandadas y vinculadas deberán responder ante el tribunal sobre las acusaciones de omisión o vulneración de derechos colectivos que estarían afectando a miles de habitantes en la región del Pacífico colombiano.
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