El abogado defensor del suspendido gobernador del Chocó, Ariel Palacios, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá se le otorgue la libertad inmediata al considerar que no hay pruebas de que su cliente pueda obstruir el proceso penal que se adelanta en su contra por su presunta responsabilidad en actos de corrupción en millonarios contratos suscritos durante la pandemia.
Así mismo, sostuvo que para que se le prive de la libertad al gobernador Ariel Palacios se requiere que se haya emitido una sentencia condenatoria en su contra, tenido en cuenta que fue elegido en un cargo tras voto popular, y a la fecha apenas fue radicado la acusación en su contra ante la Corte Suprema de Justicia .
Por su parte, el fiscal delegado reiteró que sí se mantiene el riesgo de una eventual obstrucción a la justicia, ya que se evidenció que varios de los testigos que deberán declarar en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia modificaron sus primeros testimonios.
Según las investigaciones, en calidad de gobernador y mediante el Decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, Ariel Palacios declaró la urgencia manifiesta en el departamento para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública, con el fin de atender las necesidades ocasionadas por la covid-19.
En atención a la urgencia manifiesta, se estableció que la Gobernación del Chocó celebró de manera directa el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor superior a los 220 millones de pesos.
En desarrollo de las indagaciones se determinó que durante la celebración de esa millonaria contratación fueron cometidas varias inconsistencias de ley.
La Fiscalía General de la Nación descubrió ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
De igual forma, los investigadores descubrieron que el Gobernador no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que dio vía libre la urgencia manifiesta, ni los soportes del proceso de contratación directa como lo establece la normatividad vigente.
El magistrado del Tribunal a cargo del proceso señaló que una vez sean analizados los argumentos y pruebas aportadas por la defensa y la Fiscalía definirá si tumba o no la detención domiciliaria que pesa en contra del suspendido Gobernador del Chocó.
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