Considera el programa que en la región Caribe y Pacífico la inseguridad alimentaria supera el 40 %. La Guajira, Sucre, Córdoba, Cesar y Chocó evidencian una prevalencia superior al promedio nacional, mostrando la cifra más alta Córdoba (70 %), seguido por Sucre (63 %), y en la región de Orinoquía el departamento de Arauca (62 %).
No obstante, en términos absolutos, la inseguridad alimentaria afecta a un mayor número de personas en las zonas urbanas. Las ciudades con más personas en esta situación son Bogotá (1,5 millones), Medellín (642 mil), Cali (491 mil), Cartagena (420 mil) y Barranquilla (328 mil).
Según el estudio, la mitad de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con los hogares que no han sido víctimas donde el porcentaje de inseguridad alimentaria es del 28 %.
Considera el informe que los hogares con jefatura femenina, afrodescendiente o indígena, o en los que el principal aportante de ingresos no tiene estudios o trabaja en la informalidad, son los más vulnerables.
La Evaluación de Seguridad Alimentaria recolectó información en 29 departamentos y 118 municipios y analizó patrones de consumo de alimentos, vulnerabilidad económica, estrategias de supervivencia asociadas al consumo y medios de vida.
Sus resultados buscan ser de utilidad para el país en el proceso de focalización de la atención, ya que provee datos actualizados y basados en la evidencia sobre las poblaciones más afectadas, como el departamento de Sucre que tiene un nivel de inseguridad alimentaria mucho más elevado que Chocó o La Guajira, donde frecuentemente se ha priorizado la asistencia.
La evaluación fue presentada durante un conversatorio moderado por Sara Del Castillo, directora del Instituto de Estudios Ambientales y del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Colombia, con la participación de Darío Fajardo, viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura; César Giraldo, asesor de la Presidencia de la República para la Lucha contra el Hambre; María Olga Peña, directora de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación; Jenny Paola Santander, asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; y Carlo Scaramella, director y representante en Colombia del Programa Mundial de Alimentos.
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