La Procuraduría General de la Nación emitió un llamado urgente a varias entidades del Estado para atender la crítica situación que vive la comunidad indígena de Geando, desplazada desde hace cuatro años y actualmente asentada en la Casa Humanitaria del municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó.
De acuerdo con las denuncias recibidas por el Ministerio Público, los menores de edad se encuentran en un nivel de riesgo extremo, siendo víctimas de reclutamiento forzado y distintos tipos de violencia. Además, se reportan afectaciones graves en materia de salud y nutrición que han derivado en la muerte de al menos dos niños menores de cinco años y una persona adulta mayor. Ante este panorama, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó la intervención inmediata de entidades como los Ministerios del Interior, Defensa y Salud, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, así como las autoridades departamentales y municipales.
La entidad subrayó la obligación del Estado de adoptar medidas administrativas con enfoque diferencial, que permitan garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad, entre ellos la vida digna, la integridad, la libertad y la seguridad. Recordó además que las comunidades indígenas son sujetos de especial protección conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional. La Procuraduría instó a que la respuesta no solo sea inmediata, sino sostenida en el tiempo, para prevenir nuevas violaciones de derechos y avanzar en la reparación integral de una comunidad que, pese al desplazamiento y el abandono, sigue resistiendo.
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