El pasado 22 de febrero 500 indígenas del alto Andágueda, municipio de Bagadó, realizaron una manifestación en Medellín, exigiendo que los dejaran trabajar en la mendicidad en las calles de la capital de Antioquia, en compañía de sus niños y niñas.
Luego ingresaron a la sede de la alcaldía en La Alpujarra y causaron varios daños materiales. Después, los indígenas fueron trasladados al coliseo para tener albergue temporal.
“No hay empleo, ni vivienda y hay hambre. Por eso necesitamos apoyo para poder trabajar y sobrevivir aquí en Medellín o garantías para retornar a nuestros territorios”, expresó Rodrigo Vitucay, uno de los líderes indígenas del Chocó, quien aseguró que llevan más de cinco años desplazados.
Y hoy, 24 de febrero, se llegó a un acuerdo con funcionarios de la Unidad para las Víctimas para que en las próximas semanas puedan regresar al Alto Andágueda, de donde fueron desplazados por la violencia, o la reubicación en otras zonas.
“El próximo lunes inicia la caracterización de cada una de las familias para identificar sus actuales condiciones de vida y carencias para atenderlas. En la entrevista de caracterización cada familia podrá decidir si quiere retornar o reubicarse. Es un retorno con voluntariedad, seguridad y dignidad”, manifestó Claudia Vallejo, directora de la Unidad de Víctimas en Antioquia.
La Unidad también activó el plan de ayudas humanitarias de emergencia para las 780 personas, que corresponden a 198 familias, de modo que apoyará con alimentación en el albergue temporal en Medellín. Posteriormente, “a todas las familias que retornen a Chocó se les va a dar, por un año, ayuda humanitaria de emergencia en alimentos, mientras recuperan sus proyectos productivos para abastecerse”, indicó Vallejo.
Como uno de los requisitos de los retornos es que se den las condiciones de seguridad y respeto de los derechos humanos en los territorios, de modo que no se repitan los desplazamientos forzados, la Unidad también se articulará con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para llevar la oferta del Estado.
La situación de estas familias es dura, según lo contaron ellas mismas en el encuentro de este viernes, pues tras su desplazamiento llegaron a la capital antioqueña, donde han vivido desempleo, desnutrición y condiciones de hábitat precarias en inquilinatos de Medellín.
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