Serias irregularidades y retrasos en proyectos de la Aeronáutica Civil que comprometen directamente a aeródromos estratégicos del Pacífico chocoano, entre ellos los de Bahía Solano y Bajo Baudó, encontró la Contraloría General de la República
El organismo de control reveló un daño fiscal superior a $5.670 millones, derivado de contratos suscritos para el mantenimiento y operación de sistemas de tratamiento de aguas en distintas terminales aéreas del país, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones ambientales exigidas por la normativa vigente. Según el informe, esta situación no solo representa una falta administrativa de alto impacto económico, sino que también expone a riesgos sanitarios a viajeros y comunidades vecinas.
La auditoría encontró que aeródromos y aeropuertos como Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia no cuentan con concesiones de agua ni permisos de vertimientos, mientras que, en otros, como Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia, también se registró ausencia de permisos ambientales para las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Por otro lado, la Contraloría advirtió sobre el bajo avance del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales, que busca mejorar la conectividad en zonas apartadas del país. Este plan, con recursos por más de $377.000 millones, contempla la intervención de 14 aeródromos, entre ellos los de Bahía Solano y Bajo Baudó. Sin embargo, al cierre de 2024, el progreso físico total apenas alcanzaba el 2,31%, pese a que el plazo de ejecución vence en mayo de 2025.
De acuerdo con el reporte, solo se registran avances significativos en Cumaribo (8,47%) y La Primavera (6,28%), lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos en infraestructuras clave para el desarrollo y la conectividad del Chocó.
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