Fueron 20 minutos para resumir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una violencia que durante décadas ha golpeado de frente a las comunidades de Chocó.
El Cinep-Programa por la Paz y organizaciones sociales de ese territorio presentaron este jueves las denuncias de las comunidades del Atrato, que acusan al Estado de incumplir su deber de proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos étnicos frente al férreo poder armado del Clan del Golfo.
La audiencia, realizada en Miami, Estados Unidos, fue la única dedicada a Colombia en este período
El análisis fue entregado a la CIDH por la directora ejecutiva de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, un integrante del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, un representante de Cocomacia (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato) y Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep. También estuvieron Iris Marín, defensora del Pueblo; la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba; Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y delegados del Estado colombiano.
Aunque en el territorio también hace presencia el ELN, la audiencia se centró en el Clan del Golfo -autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y con el que el gobierno de Gustavo Petro lleva un proceso de paz-, una estructura que ha suplantado las funciones de las autoridades estatales y ha consolidado su gobernanza criminal en la cuenca del río Atrato, un cuerpo de agua sagrado para las comunidades que lo rodean.
Durante el espacio frente a la CIDH, las organizaciones presentaron un documento que recoge los principales hallazgos del informe titulado: “EGC en Chocó: violencia, poder y miedo”, publicado por el Cinep en junio pasado.
Así es la violencia sistemática en Chocó
La marca que ha dejado el Clan del Golfo en Chocó se ha traducido en afectaciones estructurales que dificultan que las comunidades puedan sostener sus formas de gobierno propio, su autonomía y su permanencia en el territorio. El panorama del confinamiento lo ilustra con dureza: Chocó ocupa el primer lugar en casos de esta violencia, con el 79 % del total nacional.
“Su presencia ha redefinido la vida cotidiana e impuesto un modelo de gobernanza criminal que regula la movilidad, el acceso a recursos, las relaciones institucionales e incluso los procesos organizativos comunitarios”, dijo Guerrero durante la sesión.
A este control territorial se suma una violencia que atraviesa los cuerpos de las mujeres y niñas. Ante la CIDH, las organizaciones denunciaron que integrantes del grupo armado se aprovechan de la precariedad económica de las familias para acercarse a niñas y adolescentes mediante dinero, bienes o promesas de apoyo. “El valor de estos intercambios varía: se documentaron casos en los que la virginidad de una niña fue “comprada” por hasta 5 millones de pesos”, dijo Nimia Teresa Vargas Cuesta, directora ejecutiva y fundadora de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, durante la audiencia.
Vargas añadió que esa violencia tiene consecuencias aún más profundas “cuando de estas relaciones nacen hijos, el vínculo familiar se prolonga, asegurando un lazo de control más allá del tiempo de la relación afectiva. Este accionar impone una presión y fragmentación sobre la ley territorial y las normas comunitarias, debilitando la autonomía y el ejercicio de las autoridades étnicas”.
El dominio se extiende también a la economía cotidiana y a la movilidad en la región. El Clan del Golfo regula los precios de los bienes de la canasta básica, controla el mercado local y maneja rutas estratégicas. “En la subregión del Bajo Atrato–Darién, todas las rutas hacia Panamá están bajo su dominio. Cada migrante debe pagar entre USD 125 y USD 170 para acceder a ellas”, expusieron.
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