La confrontación entre grupos armados y otros hechos violentos se han agravado durante el último mes en Chocó, Santander y Norte de Santander. Los gobernadores de estos tres departamentos han advertido acerca de la posibilidad de que se desate más violencia y le solicitan ayuda al Ejecutivo.
La situación de orden público en el país sigue complicándose. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró este miércoles que en su departamento se puede generar un conflicto entre grupos al margen de la ley para desestabilizar la seguridad, tal y como sucedió en el Catatumbo. Por otra parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, solicitó la ayuda del gobierno de Gustavo Petro para evitar una crisis a futuro, y lo propio hizo el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, quien habló de la situación por la que están pasando en el Catatumbo.
Díaz Mateus expresó su preocupación por la presencia de disidencias de las Farc y otros grupos armados en la región. La presencia del “Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y la minería ilegal”, cómo lo señaló el mandatario regional, en el Magdalena medio puede afectar el orden público.
En julio del año pasado, el gobernador participó en los consejos de seguridad liderados por el Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguró que algunos de esos compromisos no se llevaron a cabo y planteó que la situación puede empeorar tras la salida de Iván Velázquez de esa cartera.
Díaz confirmó en medios que su departamento recibió más de 500 desplazados por la crisis en el Catatumbo; por esta razón, el mandatario regional insistió en la importancia de la organización de una operación militar para atacar las estructuras criminales que están afectando a la región.
A este llamado se le suma el de la gobernadora del Chocó, quién solicitó atención del Gobierno para poder solventar la situación de inseguridad, la cuál ella denominó como “crisis humanitaria” en su departamento.
En el Chocó, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN se han dado en el municipio de Río Iró. La mandataria regional confirmó el 11 de febrero que hay 15 mil personas confinadas y más de mil desplazados, con un total de 400 familias afectadas por el conflicto. Esta región del país ha atravesado por ocho paros armados por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales; el último se vivió en noviembre del año pasado.
“Hay comunidades que se han desplazado para no perder la vida, hay minas antipersonas por todas partes, en escuelas y en rutas”, declaró la gobernadora en entrevista con La FM.
Córdoba aseguró que la situación del departamento es crítica e insistió en pedir ayuda al Gobierno. Así mismo, equiparó la situación actual con la que está atravesando la población civil en el Catatumbo y consideró que se debe prestar la misma atención que a esa crisis.
Finalmente, el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, se pronunció acerca de la situación que está afectando al Catatumbo. Él confirmó que los datos de la Unidad de Víctimas indican que la cantidad de desplazados superó los 54.000 y, además, que los conflictos entre el ELN y las disidencias de las FARC son constantes, generando temor en la gente.
Villamizar aseguró que el conflicto se generó por el interés de estos grupos ilegales de controlar las zonas de cultivos ilícitos. El mandatario local indicó que los municipios más afectados por la crisis son Acarí, Teorama, San Calixto, El Carmen, Convención, El Tarra, Tibú y Sardinata.
Los reclamos de los gobernadores se dan en medio del tumulto político por el que está atravesando el gabinete de Gustavo Petro. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó su renuncia irrevocable el 11 de febrero.
Por otra parte, hay un nuevo director de la policía: el general Carlos Triana, quién fue nombrado el pasado 10 de febrero. La oposición ha sido crítica de la inestabilidad en las carteras durante este Gobierno.
