500 indígenas Emberá han regresado a Bogotá luego de haber sido despachados en un esfuerzo conjunto entre la Unidad de Víctimas y el Distrito.
Los indígenas aseguran que no encontraron las condiciones de seguridad necesarias al regresar a su territorio. Aunque la Unidad de Víctimas invirtió cerca de $1.000 millones para financiar su regreso, la comunidad denuncia que fueron dejados a la deriva una vez llegaron al resguardo.
Según trascendió a la opinión pública, los indígenas llegaron a Bogotá hacia el medio día del 18 de enero, y se dividieron en grupos que optaron por regresar a las UPI de La Rioja y La Florida, así como al campamento en el Parque Nacional que fue instalado a mediados de octubre del año pasado.
Incluso a las afueras de las UPI se registraron algunos roces entre los funcionarios y la comunidad, que intentaba ingresar a la fuerza a los albergues provisionales, que habían abandonado semanas atrás.
Lo anterior representa un fracaso por parte de la Unidad de Víctimas, por cuanto la entidad invirtió $800 millones en transporte y equipamientos adicionales para facilitar la logística del retorno. Sin embargo, algunas voces del pueblo Emberá, señalaron que el acompañamiento por parte de la Unidad y del Gobierno fue incompleto.
Los líderes de la comunidad aseveran que, una vez llegaron al resguardo, fueron dejados a la deriva sin ningún tipo de garantía frente a la compleja situación de inseguridad y conflicto en el territorio. En consecuencia, el Parque Nacional recibió nuevas familias del pueblo ancestral, en su mayoría acompañadas de mujeres y menores de edad.
Las implicaciones de esta nueva diáspora no hacen más que agravar la compleja situación de los indígenas en los albergues y en el parque que viven los indígenas y que ya documentó El Espectador. En medio de la precariedad, el frío, y la incertidumbre de no sentirse vinculados a ningún lugar, algunos indígenas mueren de desnutrición o intentar quitarse la vida.
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