Los indígenas piden presencia del Estado en sus territorios y garantías de seguridad como condiciones para poder retornar.
Un grupo de 900 indígenas de la comunidad emberá –que permanece acentuados en una Unidad de Protección Integral de Cundinamarca– está a la espera de garantías que les permita retornar a sus territorios en los departamentos de Risaralda y Chocó.
Desde la Unidad de Víctimas adelantaron un diálogo con los representantes de la comunidad que está albergada en el UPI de La Florida (en Funza, Cundinamarca) sobre las etapas que incluiría el retorno y a reubicación de esta población.
“Nuestra comunidad quiere volver a su territorio con garantías, respeto por nuestra cultura y el derecho a vivir en paz”, señalaron las mujeres indígenas.
Desde 2021 estas comunidades están en un constante éxodo desde sus territorios en Risaralda y Chocó hacia la capital del país. En los últimos tres años se han registrado seis llegadas masivas de esta población a la capital del país. La violenta disputa por el territorio entre grupos armados, la pobreza y el hambre son solo algunos de los problemas que cargan sobre los hombros.
“El diseño del proceso de retorno está orientado a ser inclusivo, garantizando que las decisiones tomadas por la comunidad respeten sus derechos fundamentales, sus saberes y su cultura”, señaló la Unidad de Víctimas.
“El proceso de retorno cuenta con la colaboración de varias entidades que han apoyado el trabajo de la Unidad para las Víctimas, entre las que se encuentran la alcaldía de Bogotá y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito”, agregó la Unidad de Víctimas.
Los indígenas piden presencia del Estado en sus territorios y garantías de seguridad. Además, solicitan viviendas para poder retornar y el acompañamiento de la Unidad de Víctimas para impulsar proyectos productivos que permitan consolidar sus economías comunitarias.
