Este miércoles cuando los integrantes del comité de revocatoria del mandato al alcalde del municipio de Atrato, Juan Génesis Bejarano Martínez, trataron de entregar las planillas con las firmas recolectadas con el fin de avanzar en la intensión de revocar su mandato, se llevaron la sorpresa de que pese a que solo eran las cuatro de la tarde, las puertas de la entidad fueron cerradas al notar su presencia.
Se conoció que, en el preciso momento en que llegaron con los sobres, los funcionarios bajaron la persiana a la mitad, impidiendo que se efectuara el ingreso y se llevara a cabo el debido proceso violentando los derechos a que tiene el comité de revocatoria por ley.
En un video, los miembros del comité de revocatoria dejaron la constancia de lo que ellos consideran como un atropello y aseguraron interponer las denuncias pertinentes ante las autoridades correspondientes.
La registradora Betsy Asprilla, quien nunca dio la cara para explicar los motivos de no atenderlos, se refugió en uno de los trabajadores de la registraduria del lugar quien primero aseguro que ella se encontraba adentro de las instalaciones y que los iba a atender, pero luego el funcionario esgrimió que ya por horario de atención el lugar estaba cerrado, cuando apenas eran las cuatro de la tarde y según el comité acababan de atender a unos empleados de la administración municipal.
Una Administración que dilapida la plata.
Varios son los motivos por los cuales miembros de la comunidad quieren sacar del cargo al actual alcalde, aseguran que los presuntos malos manejos desde la administración del señor Bejarano son evidentes y pese a ello, las autoridades hacen caso omiso para iniciar una investigación seria sobre lo que ocurre en este municipio.
Denuncias que pueden parecer mínimas como las realizadas por la celebración del día del hipertenso a través del proceso No. 045 de 2021, donde se realizó una contratación de “apoyo logístico para la conmemoración del día mundial de la hipertensión” por valor de $ 7 millones de pesos en refrigerios y actividades que presuntamente no ameritaban ese gasto, la continua celebración de contratos de mínima cuantía para realizar rocerías en diferentes zonas del municipio y en donde sus propios habitantes aseguran que nunca se realizaron, hacen parte del rosario de presuntas irregularidades que destiñen esta administración.
Los casos mas graves denunciados recientemente, tienen que ver con una presunta contratación indebida por el no lleno de los requisitos legales en el momento de llevar a trabajar como auxiliares técnicos de la UMATA, a personas que no eran ni siquiera bachilleres y que aun así, fueron nombrados y terminaron como celadores, creando un vinculo contractual positivo, que también incumplieron al no pagar los salarios y las prestaciones sociales por lo cual se avecina una demanda millonaria en contra del municipio.
Los últimos hechos de presunta corrupción tienen que ver con la contratación que da cuenta el secop en procesos de “arrendamiento de vehículos y prestación de servicio de transporte” para uso de sus funcionarios, estudiantes y de él.
En este beneficioso proceso de contratación para otros, menos para los intereses de la comunidad, se han celebrado hasta el momento 17 contratos por un valor superior a los $ 573 millones de pesos, suma con la cual se habría podido comprar dos vehículos nuevos para hacer este servicio y quedarían para la administración, pero al señor Bejarano le sirve pagar por el servicio porque así es mucho más rentable.
Situaciones como estas y otras más, son las que lo tienen en la cuerda floja con esta revocatoria que en un principio aseguró el, se trataba de cuatro «pelagatos» y que no llegaría a ninguna parte.
Hoy estan listas más de 1.200 firmas que serán presentadas y que superan las 720 que se necesitan para poder sacarlo del cargo.
