En la cuenca de uno de los ríos más simbólicos e importantes de Chocó, el grupo armado ha instaurado un control social y territorial que incluye “escuelas de formación política y militar” para adoctrinar a jóvenes. Así se desprende de un informe del Cinep, que también documenta el aumento de la violencia sexual.
La cuenca del río Atrato, en Chocó, se ha convertido en el epicentro de un modelo de gobernanza criminal sin precedentes en Colombia. El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha instaurado un régimen de control territorial, económico y social a lo largo de todo el afluente que supera en alcance y eficacia a la débil presencia estatal.
El grupo armado, considerado el de más expansión y el más poderoso del país, no solo impone su ley con armas, extorsión y rentas ilegales,sino que también ha empezado a cooptar y amenazar con destruir los liderazgos sociales; controla cada aspecto de la vida cotidiana de quienes viven a lo largo de la cuenca, regula disputas, genera dependencia económica, ejerce violencia sexual desmedida e incluso quiere “educar” a la población en su carrera por tener estatus político.
Así se desprende del informe “EGC en Chocó: violencia, poder y miedo”, publicado por el Cinep-Programa por la Paz, que en uno de los hallazgos más alarmantes afirma que el Clan del Golfo sigue con el reclutamiento de jóvenes -incluidos líderes indígenas- y una forma novedosa de adoctrinamiento: la creación de escuelas de formación política y militar donde jóvenes y adultos son instruidos por profesionales en ciencias sociales y legislación étnica, como parte de una estrategia para construir masa social y legitimidad dentro de los territorios.
“El vacío de conocimiento en muchos territorios está siendo atendido por el EGC, mediante el desarrollo de las escuelas de formación política. La formación desarrollada responde a los intereses del grupo armado y a su poder territorial, buscando el adoctrinamiento de los jóvenes y las comunidades, aumentando aún más el riesgo de las organizaciones étnico-territoriales de debilitarse y perder autoridad y autonomía”, se explica en el informe.
En el documento se agrega que las escuelas de entrenamiento móviles se dan en territorios estratégicos a lo largo de la cuenca del Atrato, el Río Buey, en el Medio Atrato; y en las comunidades de Chicao y Soquerre, cerca del río Domingodó, en el Bajo Atrato.
“Es como si llevaran a un especialista en derecho territorial a adoctrinar a jóvenes con fines militares. Lo que se busca es construir masa social que dé sustento simbólico y político a su presencia en las comunidades”, afirmó a Colombia+20 Juan Pablo Guerrero, subdirector de programas del Cinep.
El río Atrato es uno de los afluentes más caudalosos y significativos de Colombia. Nace en la cordillera Occidental, y recorre aproximadamente 750 kilómetros en dirección sur-norte hasta desembocar en el mar Caribe, en las cercanías del golfo de Urabá.
En su trayecto atraviesa los departamentos de Antioquia y, sobre todo, de Chocó, donde constituye una arteria vital para la vida cotidiana, la movilidad y la identidad de sus habitantes.
En 2016, la histórica Sentencia T-622 de la Corte Constitucional ve al río Atrato como sujeto de derechos, una figura jurídica que reconoce al río —y a su cuenca— como una entidad viviente con derecho a su protección, conservación y restauración. La Corte ordenó al Estado y a las comunidades ribereñas actuar como sus guardianes.
En suma, el río Atrato es mucho más que un cuerpo de agua: es un eje de vida y resistencia para el Chocó, y un símbolo de la lucha por la dignidad, la autonomía y el respeto al territorio de las comunidades que lo habitan.
De ahí la alarma del informe que dice que el Clan del Golfo ha capturado el poder en la cuenca del Atrato con una combinación de cooptación, terror y adaptación a las lógicas del poder local, pero también con la expansión de sus rentas ilegales para mucha de las cuales el afluente le sirve de canal.
“Para el EGC, el Urabá y el río Atrato han sido el núcleo de su expansión y crecimiento”, sentencia el informe y no es para menos. Por allí sale la comercialización de la cocaína, la conexión con Antioquia y Risaralda facilita la movilidad de sus tropas y la de los productos de sus economías extractivas como la ganadería extensiva, el narcotráfico, la trata de migrantes y el tráfico de especies son recursos propios en y altamente valiosos de la región.
Entre las rentas que alimentan el poder del grupo están la minería ilegal (con extorsiones del 4 al 14 % sobre la producción), la explotación maderera (que puede generar entre $10 y $12 millones por hectárea deforestada) y las cadenas de extorsión, que abarcan desde tiendas hasta alcaldías municipales.
“Hemos documentado por lo menos 13 cadenas de extorsión en el territorio, desde la tienda del barrio hasta la ganadería extensiva. Incluso los alcaldes deben pagar mensualmente para poder ejecutar sus planes municipales de desarrollo”, explica Guerrero.
El informe dice, basado en testimonios de los habitantes, que la estrategia organizativa del actor consiste en “rotar constantemente a los cabecillas y miembros del grupo armado, para evitar cercanía y creación de confianza con la población civil”, y así mantener las órdenes impartidas por el comando central o comandante de bloque.
Pero su control va más allá de lo económico y lo armado. El informe alerta sobre el avance del grupo en el control social, simbólico y organizativo de las comunidades afrodescendientes e indígenas.
“Una de nuestras mayores preocupaciones es cómo el EGC busca cooptar los procesos organizativos históricos, como los consejos comunitarios. Por ejemplo, la Cocomacia, que agrupa el título colectivo afro más grande de Chocó, con 700.000 hectáreas, está en riesgo porque el grupo quiere imponer sus propios representantes en las elecciones de juntas directivas”, advierte Guerrero.
El objetivo no es solo el dominio militar o el cobro de rentas, sino la captura de los mecanismos de representación comunitaria, lo que amenaza con desestructurar la autonomía étnico-territorial. Además, el Clan está buscando a como dé lugar un estatus político. “No se trata solo de rentas ilegales, sino que se han apropiado de procesos de resistencia que llevaban 30 años. Quieren reemplazar a las organizaciones sociales, suplantarlas”, advierte Guerrero.
El abuso a 60 niñas por parte de un comandante
El informe dice que, de acuerdo con la información reportada por la comunidad, las formas de victimización que más está desarrollando el grupo armado son el confinamiento, la violencia sexual y el reclutamiento forzado.
“Teniendo en cuenta que el grupo armado está desarrollando distintas actividades económicas ilegales en los territorios (cultivos ilícitos, minería ilegal, rutas de salida de la coca), el confinamiento se configura como una estrategia para evitar que la población conozca la ubicación exacta de estos negocios y la naturaleza ilegal de estos”, se explica en el informe.
A eso se suma que la población a veces es confinada por los enfrentamientos con el ELN. Esa misma guerrilla ha ordenado varios paros armados en lo que va del año bajo la amenaza de ser víctimas en el fuego cruzado.
Además, en la subregión del San Juan, el EGC ha comenzado a reclutar forzosamente jóvenes del Bajo Atrato para enviarlos al frente de batalla con el ELN. En esa zona se registra un preocupante patrón de reclutamiento de jóvenes indígenas, especialmente de organizaciones como Camisba, Azoguandache y Camicat. Guerrero denuncia que, pese a las alertas, hay un subregistro sistemático: “Solicitamos información a la Defensoría del Pueblo y al ICBF, pero sus reportes no reflejan la realidad. Y si no hay datos, no hay políticas de prevención ni planes de transformación territorial”.
Otro punto crítico es la violencia sexual. “El informe documenta la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Hay un caso donde un comandante tendría bajo su control a por lo menos 60 niñas en una vivienda tomada para el abuso sexual. Aunque no pudimos corroborar si esa situación persiste hoy, fue revelada por testimonios semiestructurados”, dice Guerrero.
Una lideresa de Unguía, entrevistada para el informe, relató: “En esa casa las niñas no podían salir, era como una prisión. Estaban al servicio exclusivo del comandante”.
Guerrero advierte que esta violencia también tiene un efecto devastador en los procesos organizativos: “Hay familias que tienen vínculos con miembros del EGC, lo que fractura el tejido comunitario y genera desconfianza incluso dentro de las organizaciones sociales”.
El conflicto también es con las bandas de Quibdó
Todo este panorama se ha traslado a Quibdó, la capital del Chocó, es ahora escenario de una disputa urbana entre bandas locales (Los Mexicanos, Los Locos Yam, RPS, Cabí y Los Zetas) y el Clan del Golfo.
“El interés del Clan del Golfo es tomarse la ciudad. Quieren controlar lo que es Quibdó como tal, sus barrios, sus comercios, y los ríos Atrato y Neguá. La cuenca del Atrato, de hecho, se ha convertido en una despensa de la ilegalidad” dice el documento.
Actualmente, entre 1.500 y 2.000 jóvenes conforman esas bandas con las que el Gobierno lleva un proceso de diálogo desde hace poco más de dos años como parte de los laboratorios de paz urbana. Sin embargo, el proceso está en pausa desde hace meses por falta de jefe de delegación -la última persona renunció en mayo pasado- y por falta de marco jurídico. Las bandas afirmaron que el Gobierno no cumplía los compromisos y, aunque persiste de facto una tregua entre ellas, se han unido para combatir al Clan del Golfo.
“Actualmente, las seis comunas están en riesgo alto o extraordinario, por la tensa situación que se está viviendo entre los distintos actores armados. El EGC está empezando a controlar los barrios periféricos de Quibdó, moviéndose hacia el centro de la ciudad, para disputar el control total”, precisa el Cinepp.
Sobre la respuesta estatal, Guerrero es crítico: “Hay una absoluta pérdida de confianza en las instituciones del gobierno nacional. La Oficina del Alto Comisionado de Paz no ofrece claridad ni participación a los procesos territoriales. La inacción de las autoridades ha permitido que este actor armado consolide su dominio, y eso ha generado un profundo cansancio en las comunidades”.
El Gobierno viene desde hace meses intentando un proceso de paz con el Clan del Golfo, pero por ahora solo hay una frase exploratoria.
La advertencia del Cinep es clara: sin un enfoque territorial y sin la participación real de las organizaciones étnico-territoriales, cualquier intento de negociación con el EGC estará condenado al fracaso. Mientras tanto, el Atrato sigue siendo una despensa de la ilegalidad, y sus comunidades, rehenes de un orden mafioso que se impone en nombre del silencio y el miedo.
Deja una respuesta