En las últimas horas el CTI de Fiscalía hizo efectiva la orden de captura contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, luego de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impusiera medida de aseguramiento domiciliaria como presunto responsable de varias irregularidades de contratación.
Vale recordar que la investigación contra el gobernador Palacois se centra en el contrato N°003 que se firmó el 3 de abril de 2020, casi un mes después de reportarse el primer caso de contagio en el país, con el objetivo de garantizar el suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia por el covid-19.
El contrato tenía un valor superior a los $220′000.000 y, pese a la urgencia de la pandemia, la Fiscalía determinó que fue adjudicado de manera directa y en medio del proceso se habrían cometidos otras anomalías como ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; además, presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
“El gobernador no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, entre estos el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración. El material de prueba indica que esto, al parecer, se hizo tres meses después”, sostuvo la Fiscalía.
Para el momento de la firma del contrato no se había confirmado ningún caso en el departamento del Chocó que habría iniciado hasta mediados del mes de abril.
Este no es el único contrato por el que es investigado el gobernador del Chocó. La Fiscalía también radicó hace un año un escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia por otra licitación que se firmó dos semanas después también para atención de la pandemia de covid-19.
Los delitos que se contemplan en esa acusación son contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa, que habría cometido Palacios Calderón al firmar un contrato de prestación de servicios N°198 del 15 de abril de 2020.
Ese contrato se entregó de manera directa a la Fundación Chocó Saludable, con el objetivo de realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios del departamento. El valor ascendió a $2.091′500.000, contempló 11 ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom-gitanos; así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos.
“La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el covid -19. Adicionalmente, se conoció que en el proceso de selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento. La convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al parecer, no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas. Una de estas, la Fundación Chocó Saludable”, sostiene el ente acusador al respecto.
Así mismo, la Fiscalía cuestiona la finalidad del contrato de carácter preventivo y publicitario, porque habría desconocido “las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública”.
La Fiscalía y la Procuraduría investigan esos contratos desde 2020, poco después de haberse firmado, que llevaron a la suspensión de Palacios Calderón durante más de dos meses de manera preventiva por orden del Ministerio Público. Así mismo, es el primer mandatario en llegar a imputación por los contratos firmados para la atención del covid-19.
