Entres los procesados está el señalado cabecilla y un guarda de seguridad del aeropuerto de Nuquí (Chocó).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, lideró un proceso investigativo que puso en evidencia a los integrantes de una red de la
Subestructura Pacífico del ‘Clan del Golfo’, que sería la responsable de diferentes conductas
delictivas en Bahía Solano y Nuquí (Chocó).
Este grupo ilegal, al parecer, garantizaba el transporte y la logística necesaria para sacar
toneladas de clorhidrato de cocaína por las costas del Pacífico Colombiano. Abundante
evidencia indica que, para sostener financieramente el aparato criminal y someter a la
población, se valía de la venta de estupefacientes, la extorsión, la amenaza y los ataques
armados contra comerciantes, operadores turísticos y personas que llegaban a conocer la
región.
La organización estaría involucrada en el desplazamiento de 12 personas que abandonaron
sus predios rurales, y buscaron protección en Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia) ante el
temor de ser asesinados por no poder cumplir con las exigencias de dinero.
De igual manera, se acreditó que hombres armados que harían parte de la red, presuntamente, atacaron a dos hermanos porque supuestamente eran colaboradores del ELN. Las victimas quedaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, al que intentaron ingresar los sicarios para asesinarlas. La oportuna intervención de las autoridades impidió el doble homicidio.
Captura y judicialización
En diligencias realizadas por el CTI y la Armada Nacional, 14 posibles integrantes de esta
subestructura del ‘Clan del Golfo’ fueron capturados en Bahía Solano y Nuquí (Chocó)
La Fiscalía imputó a los detenidos, según el rol que ejercían, delitos como: concierto para
delinquir agravado, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, amenazas, extorsión;
fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Ante la contundencia de los elementos de prueba obtenidos, un juez penal de control de garantías impuso a todos los procesados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Entre los afectados con la decisión está el señalado cabecilla, identificado como Luis Fernando Becerra, quien también sería el encargado de imponer las cuotas extorsivas a comerciantes, dueños hoteles y restaurantes; y Fauner Lerma Castillo, alias Alex, un guarda de seguridad señalado de alertar los movimientos de la fuerza pública y el traslado de tropa para facilitar la ejecución de actos delictivos.
Los demás asegurados estarían dedicados a la venta de estupefacientes al menudeo, al contacto e intimidación a las víctimas de extorsión y a aspectos de logística criminal.
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