La Defensora del Pueblo, @irismarinortiz, se reunió con comunidades indígenas y afro en Noanamá y San Miguel, Medio San Juan, Chocó, junto con la Diócesis de Quibdó e Istmina Tadó, y ACADESAN
(Consejo Comunitario General del San Juan).
Se escucharon las voces de quienes resisten desde el territorio. El conflicto armado, los desplazamientos forzados y el confinamiento están afectando los derechos de la población, especialmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes del Medio San Juan señalaron diferentes dificultades: las brigadas de salud no llegan, no existe un centro de salud dotado en la zona, la infraestructura educativa es precaria y no tienen conectividad a internet, lo que les dificulta tener acceso a herramientas educativas. También piden agua potable.
Esto se agrava por los confinamientos, el reclutamiento de menores de edad y la presencia de actores armados. También señalaron el deterioro de la salud mental juvenil y el riesgo permanente para las niñas y adolescentes.
Las comunidades pidieron medidas urgentes y permanentes, como centros de salud equipados, alternativas de vida digna, y respaldo institucional a procesos de autonomía y protección cultural.
La visita evidenció una región que resiste en medio de la violencia, y reafirmó la necesidad de una acción integral del Estado que incluya los derechos étnicos, enfoque territorial, de género y generacional, que reconozca y fortalezca el papel de la sociedad civil, garantice los derechos fundamentales, y construya paz desde y para los territorios.
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