Se conoció que los procesados fueron condenados a 80 meses de prisión y al pago de una multa superior a los $22.000 millones.
Un juez de conocimiento avaló los argumentos de la Fiscalía y emitió, en primera instancia, condena contra Pedro Luis Alves Olivera, Gerson de Lima Soarez, Antonio Oliveira Da Silva, Nelvino de Sousa Freitas, Luiz Barbosa de Sousa, Reimundo Nonato Quaresma de Carvalho, Vandelminson Aguilar Riveiro y Donietes Martins de Souza, responsables de delitos relacionados al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.
Los procesados fueron condenados a 80 meses de prisión y al pago de una multa superior a $22.000 millones. Este fallo se da luego de que los investigados fueran encontrados responsables de los delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimientos mineros hidrocarburos, en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica, y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.
La decisión está relacionada con hechos ocurridos desde 2017, cuando los extranjeros invadieron la ronda del río Quito y el área de reserva forestal del Pacífico Biogeográfico.
Allí adelantaron actividades de explotación de oro mediante prácticas ilícitas, como el uso de dragas y maquinaria afectando el cauce del afluente y el uso del suelo en la zona.
También fueron encontrados responsables del vertimiento de sustancias químicas como mercurio a las fuentes hídricas generando un grave daño ambiental. La Fiscalía comprobó que estas personas no contaban con los permisos de ley para adelantar la explotación aurífera.
En el corregimiento Tutunendo, en Quibdó, Chocó, dos personas fueron capturadas por, presuntamente, extraer oro en inmediaciones del río Atrato. En las inspecciones se constató el uso de maquinaria pesada en una zona de reserva forestal y otros elementos que impactaban negativamente en el ecosistema.
Estas acciones se cumplían en un entable minero que funcionaba, al parecer, sin los títulos para tal actividad.
Los detenidos fueron imputados por delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daños en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero o hidrocarburo; e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Adicionalmente, les fueron incautadas dos retroexcavadoras.
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