Partido Liberal guarda silencio. Fue encontrado responsable fiscalmente en un contrato por más de $ 18 mil millones.
Veinte días después de que EL TIEMPO reveló que el representante a la Cámara por el Chocó Jhoany Carlos Palacios Mosquera se niega a dejar su curul a pesar de tener una sanción vigente en su contra, el político liberal emitió un comunicado en el que advierte que no se irá del Congreso.
Tal como lo anticipó este diario, cuando Palacios Mosquera fue gobernador del Chocó en el periodo 2016-2019, se empezó investigar qué pasó con los recursos destinados para la construcción del sistema de gas: más de 20 mil millones de pesos. EL TIEMPO reveló en primicia que Mosquera fue encontrado responsables fiscalmente por un detrimento patrimonial superior a los 1.306 millones de pesos.
EL TIEMPO llamó en octubre a Mosquera para saber por qué seguía en la Cámara a pesar de tener una sanción fiscal que lo inhabilita de manera puntual para ocupar el cargo, pero nunca respondió las llamadas. Y tanto el área administrativa de la Cámara como el partido Liberal manifestaron que nadie les había notificado la sanción, a pesar de que EL TIEMPO reveló el documento desde el 31 de octubre.
Sin embargo, el congresista acaba de emitir un comunicado, luego de que el medio colega La W empezó a solicitarle al aire una respuesta.
«Deseo informar a la opinión pública (…) en el presente caso mi actuación se limitó a los principios de transparencia y legalidad. Los pagos realizados corresponden a dos actas que fueron previamente firmadas y aprobadas por el contratista, el interventor y el supervisor, cumpliendo con los requisitos establecidos», se lee en un comunicado emitido la noche del lunes, 18 de noviembre.
Y aunque la sanción en su contra está en firme, el congresista agrega: «No es posible que se me haga responsable de hechos o pagos ocurridos antes del primero de enero de 2016, fecha en la cual asumí como gobernador del Chocó. Mi responsabilidad se limita estrictamente al periodo de mi gestión. Hacerlo de otra manera violenta flagrantemente la Ley 610 de 2000 y la Constitución de 1991».
Y pone en entredicho el fallo fiscal: «El fallo en mi contra, emitido por la Contraloría General, presenta serias inconsistencias que están siendo analizadas por mi equipo jurídico. Confiamos en que, mediante el uso de los mecanismos legales establecidos, se garantizará mi derecho a la defensa y al debido proceso».
Y advierte que su actuar se limitará a los canales jurídicos, razón por la cual no les dará declaraciones a los medios de comunicación.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) De la postura de Mosquera surgen dos interrogantes: si los votos que emita en los proyectos de ley y de más actos de su competencia carecen de validez por la sanción vigente y si está abriendo un camino para desatender las sanciones de la Contraloría e inhabilidades que se impongan.
EL TIEMPO se comunicó con el congresista para hacerle esas preguntas, pero no responde las llamadas.
