Un estudio de la Contraloría Delegada para la Población Focalizada concluye que no existen planes de carácter estratégico que apunten a resolver las necesidades que motivaron estas movilizaciones sociales.
La Contraloría General de la República identificó presuntas deficiencias en la gestión del Gobierno Nacional respecto a la concertación, ejecución y seguimiento de los acuerdos suscritos en el marco de mingas indígenas y paros cívicos.
De acuerdo a información reportada por 27 entidades del orden nacional, durante el período 2018-2021 se destinaron $1,24 billones para estos acuerdos, de los que cuales se comprometieron $1,22 billones (el 97%).
En 2018 se comprometió el 10% de estos recursos, en 2019 el 21%, en 2020 el 28% y en 2021 el 41%.
Los recursos comprometidos se distribuyeron en los acuerdos del Paro Cívico del Chocó (49%), el Paro Cívico de Buenaventura (22%), la minga del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (19%) y las demás mingas indígenas (10%).
Sin embargo, un estudio intersectorial adelantado por la Contraloría Delegada para la Población Focalizada evidenció que, según las actas suministradas por el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional no ha realizado un seguimiento efectivo y oportuno y/o evaluación de la satisfacción de las necesidades que motivaron las mingas y los paros cívicos
Dicha situación evidencia la inexistencia de planes de carácter estratégico con metas e indicadores que apunten a disminuir las brechas y resolver esas necesidades.
Atrasos y metas insuficientes
Del mismo modo, la Contraloría General logró identificar que, de los 1.826 acuerdos vigentes, 24% presentan avances inferiores al 50%, venciéndose en el presente año (2022) el plazo acordado para su cumplimiento – justo cuando se presenta un escenario coyuntural por el cambio de Gobierno; mientras que 34% no registran este seguimiento debido a que no cuentan con indicadores para medir su avance, situaciones que ponen en riesgo su cumplimiento.
De conformidad con la información suministrada por las 27 entidades del orden nacional, y 5 instancias étnicas, se identifican como causas de los retrasos las siguientes:
*Asignación errónea de compromisos a entidades que no tienen competencia sobre los mismos, dificultades de articulación interinstitucional, insumos pendientes de entrega por parte de las comunidades étnicas, situaciones de orden público, recursos insuficientes, falta de articulación o coordinación institucional y de capacidad institucional.
La totalidad de los acuerdos suscritos con mingas indígenas no cuentan con metas suficientes e indicadores para medir su avance y su efectividad. Solo la Minga CRIC ha avanzado en definir indicadores, que, a la fecha del estudio, no se habían implementado.
Se encontró que las mingas que presentan mayor número de acuerdos con retraso o terminados incompletos, coinciden con las de menor asignación y ejecución de recursos, lo cual permite concluir que la falta de asignación presupuestal constituye un factor que afecta el cumplimiento de los acuerdos.
La mayor parte de los acuerdos que presentan retrasos o se terminaron de manera incompleta se concentra en las mingas indígenas, en especial la Minga Embera Chocó (con 94%), Minga Carmen de Atrato Chocó (80%), AWÁ UNIPA Nariño (78%), Zenú Córdoba Sucre (50%) y la Delfina ONIC (48%).
Los paros cívicos de Chocó y Buenaventura concertaron metas, pero no en la totalidad de los acuerdos, situación que constituye una limitación para medir de manera confiable y objetiva el avance de los acuerdos.
Dificultades en el seguimiento
De acuerdo con la información registrada en el Sistema SIGOB-Cumple, herramienta oficial de seguimiento a estos acuerdos y cuya administración está a cargo del Ministerio del Interior, a febrero de 2022 se encontraron 1.826 acuerdos vigentes, suscritos con 18 instancias étnicas: 16 mingas indígenas y 2 paros cívicos (Chocó y Buenaventura).
Este sistema comenzó a operar en 2019, es decir, 2 años después que se suscribiera la mayor parte de los acuerdos.
El equipo de la Contraloría encontró falencias importantes del sistema que dificultan el seguimiento efectivo de los acuerdos y que afectan la confiabilidad de la información.
Es así como no cuenta con variables sobre indicadores y metas programados y ejecutados que permitan establecer criterios objetivos para determinar el avance y cumplimiento de los compromisos suscritos.
Las variables de medición y seguimiento al estado de los acuerdos que tiene el sistema presentan importantes inconsistencias. Por ejemplo, en la variable “Estado”, 296 acuerdos cuyo plazo se encuentra vencido aparecen en ejecución, por tanto, su estado real debería ser en ejecución con retraso.
