La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 7 años de prisión contra David Emilio Mosquera Valencia, exgobernador del Chocó, y le negó cualquier beneficio judicial como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena.
Además, fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.
La sentencia, proferida por la Sala Especial de Primera Instancia en julio de 2025, también impuso una multa equivalente a 4.444,88 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena.
El caso se remonta a 2008, cuando el entonces gobernador Patrocinio Sánchez denunció presuntas irregularidades en pagos ordenados en 2002 por Mosquera Valencia.
Según el fallo, el exgobernador firmó dos resoluciones —la 0715 y la 2003— en las que autorizó el pago de cesantías y sanciones moratorias a 50 supuestos exfuncionarios del extinto Fondo Educativo Regional del Chocó, sin cumplir los requisitos legales.
Las resoluciones sirvieron como base para que, entre 2008 y 2009, la abogada Jhonny Emilia Moreno Mena cobrara más de $2.200 millones ante un juzgado laboral de Quibdó.
La Corte concluyó que Mosquera no tenía competencia legal para emitir dichos pagos, y que se omitieron trámites clave como la reclamación administrativa, la notificación a los beneficiarios y la certificación de disponibilidad presupuestal.
Estos hechos constituyeron un grave quebranto a la legalidad en el manejo de recursos públicos.
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