Los cargos en contra del congresista se derivan de presuntas anomalías cometidas durante la campaña a la Cámara de Representantes del periodo 2018–2022, cuando el líder aspiraba a una curul por la circunscripción afrodescendiente
La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión definitiva en el proceso penal que enfrenta Jhon Arley Murillo Benítez, exrepresentante a la Cámara y actual presidente del partido Colombia Renaciente. La Sala de Instrucción del alto tribunal resolvió dejar en firme la acusación en su contra, después de analizar y negar el recurso de reposición presentado por su defensa, la cual sostenía la existencia de supuestas irregularidades en la resolución que lo señaló formalmente.
Con esta determinación, el caso pasa a la Sala de Primera Instancia, donde se desarrollará la fase de juicio por los delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado. La Corte confirmó además que Murillo continuará el proceso en libertad, mientras avanza la investigación que busca esclarecer los hechos ocurridos durante su campaña legislativa.
El tribunal expresó de manera pública su decisión a través de la red social X, con el siguiente mensaje: “Se rechazó la reposición presentada por la defensa del excongresista Jhon Arley Murillo y dejó intacta la acusación en su contra por los delitos de fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado”.
De acuerdo con el expediente, los señalamientos contra Murillo están relacionados con presuntas irregularidades cometidas durante la contienda electoral del periodo 2018-2022, cuando aspiraba a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes.
Según los magistrados instructores, el entonces candidato habría incurrido en conductas que hoy son objeto de investigación penal, debido a posibles faltas en el manejo de recursos y a la supuesta gestión indebida de apoyos políticos vinculados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el Valle del Cauca.
La decisión de la Corte, adoptada tras la evaluación de los argumentos de la defensa, deja claro que no se encontraron elementos suficientes para revocar la acusación inicial. En consecuencia, la Sala ratificó su posición y ordenó avanzar hacia la etapa judicial correspondiente, donde se determinará la responsabilidad penal del exrepresentante.
La Corte cierra etapa de investigación y abre camino al juicio de Murillo Benítez
La Corte Suprema de Justicia avanza en la investigación penal contra el exrepresentante a la Cámara Jhon Arley Murillo Benítez, que enfrenta un juicio por presuntas irregularidades cometidas durante su campaña legislativa para el periodo 2018-2022. Según el alto tribunal, los hechos se remontan a la época en la que Murillo aspiraba a una curul por las comunidades afrodescendientes, etapa en la que habría incurrido en conductas que hoy lo tienen en el centro de un proceso judicial.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte formuló acusación formal a mediados de julio de 2025. De acuerdo con el expediente, las presuntas irregularidades habrían ocurrido mientras el entonces candidato adelantaba su campaña electoral, y estarían relacionadas con la gestión y reporte de los recursos económicos utilizados durante ese periodo.
El alto tribunal sostiene que Murillo Benítez habría omitido la presentación de los informes financieros exigidos por la legislación electoral, tanto sobre los ingresos recibidos como sobre los gastos efectuados en su campaña. Esta omisión, según la Corte, no sería un simple descuido administrativo, sino un acto deliberado que pudo afectar la transparencia y la equidad del proceso electoral.
La investigación continúa en curso, y la Corte Suprema evaluará en las próximas semanas las pruebas recaudadas para determinar si existen méritos suficientes para llevar al excongresista a juicio oral. De confirmarse las acusaciones, Murillo Benítez podría enfrentar sanciones penales que incluirían inhabilidades para ejercer cargos públicos y penas de prisión, dependiendo del alcance de su responsabilidad en los hechos.
Es importante señalar que, el delito de corrupción al sufragante, contemplado en el Código Penal colombiano, implica la entrega o promesa de dádivas a cambio de votos, mientras que la falsedad en documento privado y el fraude procesal suponen alteraciones o simulaciones que distorsionan la verdad ante las autoridades judiciales o administrativas.
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