Impiden acceso a servicios de salud y educación para exigir contratos y subsidios. La Rioja, en la mira.
La situación de la frangmentada comunidad Emberá en Bogotá ha escalado a niveles preocupantes. Fuentes fidedignas le advirtieron a EL TIEMPO que parte de esta población está siendo manipulada por algunos líderes que han hecho de los subsidios distritales y estatales un modo de vida, obstaculizando intencionalmente los procesos de retorno a sus territorios y exigiendo pagos millonarios a cambio de permitir acciones institucionales.
En la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en la calle 4 No. 15-14, uno de los espacios con mayor concentración de población indígena, se detectaron serias inconsistencias en las cifras de habitantes declaradas. Mientras sus líderes hablan de más de mil personas, funcionarios señalan que en realidad serían cerca de 400, muchas de las cuales ni siquiera viven en los albergues, sino en paga diarios de donde han sido expulsados por falta de pago. Son los mismos que, aunque reciben subsidios para alimentación y vivienda, piden albergues en vez de aprovechar los auxilios para vivir dignamente.
Las ollas comunitarias ¿una especie de extorsión?
Una de las denuncias más graves de las que se enteró este medio apunta a que se están exigiendo ‘ollas comunitarias’ de entre 10 y 30 millones de pesos como condición para permitir la caracterización poblacional —paso clave para avanzar en procesos de retorno o reubicación—.
También se exige la contratación de traductores indígenas a altos costos y la contratación de actos culturales, condiciones impuestas por los líderes para permitir el acceso de las entidades a la comunidad.
A esto se suma lo más grave que es el uso instrumental de los niños, a quienes se impide asistir al colegio, pese a que el Distrito garantiza transporte y alimentación. Los ponen de escudo para que la Policía no intervenga cuando hay desmanes o tomas irregulares.
En otros casos, se han documentado prácticas como el uso del cepo como castigo, bajo el argumento de costumbres ancestrales, lo que ha obligado al establecimiento de mesas de diálogo intercultural para evitar vulneraciones graves a los derechos de la infancia.
Son varios los líderes emberás que deberían explicar por qué se niegan a que sus niños reciban todas las ayudas o por qué de sus desbordadas exigencias.
Detrás de esto comportamientos que se están presentando en la ciudad, se identifican varios líderes de la comunidad emberá que están movilizando a un número considerable de personas. En el Parque Nacional (PN), se encuentran Rosmira Campo con aproximadamente 200 personas, Ubiel Queragama con otras 200, y Walter Queragama liderando un grupo de 100 personas.
Por otro lado, en la Unidad de Protección Integral (UPI), donde actualmente se alojan 92 familias que suman 211 personas, los líderes visibles son Saúl Arias, quien encabeza a 100 personas; Carlos Murillo con 60; y Wilmar Arias con 51. La articulación de estos líderes ha sido clave en la organización y persistencia de las ocupaciones, generando presión sobre las autoridades locales.
En otros casos, se han documentado prácticas como el uso del cepo como castigo, bajo el argumento de costumbres ancestrales, lo que ha obligado al establecimiento de mesas de diálogo intercultural para evitar vulneraciones graves a los derechos de la infancia.
Son varios los líderes emberás que deberían explicar por qué se niegan a que sus niños reciban todas las ayudas o por qué de sus desbordadas exigencias.
Detrás de esto comportamientos que se están presentando en la ciudad, se identifican varios líderes de la comunidad emberá que están movilizando a un número considerable de personas. En el Parque Nacional (PN), se encuentran Rosmira Campo con aproximadamente 200 personas, Ubiel Queragama con otras 200, y Walter Queragama liderando un grupo de 100 personas.
Por otro lado, en la Unidad de Protección Integral (UPI), donde actualmente se alojan 92 familias que suman 211 personas, los líderes visibles son Saúl Arias, quien encabeza a 100 personas; Carlos Murillo con 60; y Wilmar Arias con 51. La articulación de estos líderes ha sido clave en la organización y persistencia de las ocupaciones, generando presión sobre las autoridades locales.
Por otro lado, en la Unidad de Protección Integral (UPI), donde actualmente se alojan 92 familias que suman 211 personas, los líderes visibles son Saúl Arias, quien encabeza a 100 personas; Carlos Murillo con 60; y Wilmar Arias con 51. La articulación de estos líderes ha sido clave en la organización y persistencia de las ocupaciones, generando presión sobre las autoridades locales.
La gravedad de la rotación de funcionarios
Una variable determinante en la profundización del problema ha sido la rotación constante en la dirección de la Unidad para las Víctimas a nivel nacional, la institución de orden nacional llamada, como lo dice en su página web, agarantizar la implementación de una política de víctimas efectiva, eficiente, articulada e integral, con enfoque territorial, diferencial y de centralidad en las víctimas, que contribuya a la superación de su situación de vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos.
Las fuentes que hablaron con este medio señalan que, mientras algunas directivas anteriores mostraban conocimiento y articulación interinstitucional, las recientes designaciones carecen de experiencia en el tema. Esto ha generado retrasos, promesas incumplidas y falta de coordinación en los planes de retorno, lo cual ha erosionado la confianza de las comunidades y bloqueado acciones clave.
Uno de los ejemplos más críticos es la promesa de retorno hecha para el 27 de julio del año anterior, que nunca se concretó por falta de potestad por parte de la institución para inversiones de vivienda en territorio. Ese incumplimiento deslegitimó el proceso ante las comunidades y provocó que no se volvieran a programar retornos.
En los territorios de origen, como el Alto Andágueda, ubicado en el municipio de Bagadó departamento del Chocó, donde retornaron hace no muchos varios indígenas las condiciones son de total abandono por no decir paupérrimas.
No hay puestos de salud operativos, y las autoridades locales aseguran que cinco niños que habían salido del Parque Nacional fallecieron tras el retorno, por falta de atención médica cercaca a sus comunidades. De hecho, EL TIEMPO supo que hay un centro de salud que, según la fuente, no es operado por nadie. La construcción de una simple placa huella —vía básica de acceso— solucionaría parte del problema, pero no ha habido voluntad política nacional para ejecutarla.
Lo único que ha dicho la Unidad para las Víctimas al respecto es que , con el propósito de garantizar condiciones dignas de vida del pueblo Emberá, liderará una visita con sus áreas misionales al resguardo Tahamí del Alto Andágueda para llevar una respuesta articulada del Gobierno nacional.
Mientras tanto, la ciudad soporta la carga de una crisis que no puede resolver sola, pese a que ha sumado esfuerzos de varias instituciones para ayudar a los indígenas. Aunque el Distrito ha calculado en 32 mil millones de pesos el costo de un retorno digno y sostenible, el gobierno nacional ha optado por dejar la responsabilidad a los entes locales a quienes no les corresponde una solución de raíz.
En paralelo, líderes sin legitimidad —algunos con antecedentes de expulsión de sus comunidades o incluso acusaciones por delitos— imponen condiciones y controlan el acceso a los servicios.
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