En el marco del cumplimiento de la Sentencia T-769 de 2009 de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo acompaña el proceso de consulta previa que actualmente se desarrolla con las comunidades afrodescendientes del río Jiguamiandó, en el departamento del Chocó. (Consulte el Auto de la Corte Constitucional que dejó en firme la Sentencia T-769 de 2009).
La reactivación del proceso por parte de las autoridades competentes representa un avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de estas comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado y la exclusión. En este contexto, la Defensoría del Pueblo viene brindando acompañamiento técnico y jurídico, como lo establece el mandato de la Corte.
Durante el desarrollo del proceso, servidores y servidoras de la Regional Urabá Darién han venido documentando y verificando que la consulta se lleve a cabo en condiciones de buena fe, con participación efectiva y respetando las dinámicas culturales y organizativas propias de las comunidades. Asimismo, se han emitido alertas sobre posibles riesgos relacionados con presiones indebidas o desinformación, factores que podrían comprometer la garantía del consentimiento libre, previo e informado.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la defensa integral de los derechos humanos de las comunidades étnicas del Jiguamiandó y continuará su acompañamiento permanente en articulación con las comunidades, las entidades del Estado y los órganos de control. El objetivo es asegurar que lo ordenado por la Corte Constitucional no se quede en el papel, sino que se traduzca en medidas concretas que dignifiquen la vida y fortalezcan la participación de estas comunidades en las decisiones que las afectan.
La Sentencia T-769 de 2009 de la Corte Constitucional es un fallo clave en materia de derechos de comunidades étnicas y protección ambiental. Responde a una acción de tutela interpuesta por comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por el proyecto minero Mandé Norte, desarrollado por Muriel Mining Corporation en los departamentos de Antioquia y Chocó. Este fallo subraya, además, la necesidad de respetar los territorios ancestrales y que las comunidades participen activamente en las decisiones que impactan su vida y entorno.
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