El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, medidas cautelares para que se proteja la vida de los servidores públicos y los candidatos que participarán en las elecciones territoriales del 29 de octubre.
De acuerdo con Camargo Assis, la solicitud se da para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año.
Según lo explicó el defensor la petición ante la Cidh se da por el contexto actual que vive el país, sobre todo, por la vulneración de Derechos Humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional.
“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, agregó.
Así mismo, dio a conocer que los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Precisó también, que los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).
Otros servidores públicos intimidados
Sumado a ello, explicó que un total de tres gobernadores están amenazados hoy, son quienes tienen a cargo la administración de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.
Un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó) y un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.
Por otra parte, son 42 personas candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos las que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.
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