Tomado de Notiriosucio
Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación en el Chocó por el señor Nayith Farith Moreno puso bajo la lupa la situación de la Unidad de Urgencias construida en la cabecera del municipio de Riosucio, Chocó, y que, pese a contar con soportes de ejecución de obra, no ha sido recibida formalmente ni puesta en funcionamiento.
El documento señala como denunciado al alcalde Juan Moreno Mena y enmarca los hechos en el delito de prevaricato por omisión, contemplado en el artículo 414 del Código Penal colombiano. Esta conducta sanciona al servidor público que, con pleno conocimiento de su deber, omite, retrasa, rehúsa o niega un acto propio de sus funciones.
De acuerdo con la denuncia, el municipio suscribió en 2022 el contrato para la construcción de la Unidad de Urgencias, obra que contó con supervisión e interventoría. También se indica que existen actas de recibo parcial donde se deja constancia del avance y cumplimiento de especificaciones técnicas. Sin embargo, según el texto radicado, la administración municipal no ha realizado la recepción definitiva ni ha adelantado los actos administrativos necesarios para que la infraestructura entre a operar.
El denunciante sostiene que no se conocen decisiones administrativas motivadas, informes técnicos desfavorables ni justificaciones legales que expliquen la falta de habilitación del servicio. A su juicio, esta situación mantiene sin uso una infraestructura de salud que podría apoyar la atención de la población, especialmente en medio de emergencias asociadas a la temporada de lluvias y a las recurrentes afectaciones por inundaciones.
La denuncia solicita a la Fiscalía abrir investigación, recaudar el contrato y sus soportes, verificar las actas de recibo, escuchar a quienes ejercieron supervisión e interventoría y requerir explicaciones formales sobre las razones de la no recepción y no puesta en marcha de la unidad.
Más allá del proceso penal, el caso vuelve a centrar la atención en la necesidad de que las obras públicas destinadas a salud entren en servicio oportunamente. Cuando una infraestructura permanece cerrada, la discusión deja de ser solo administrativa y pasa a tocar directamente el derecho de la población a recibir atención en momentos críticos.
Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si existieron razones técnicas o jurídicas que sustenten la demora o si, por el contrario, se configura una omisión con consecuencias disciplinarias y penales. Mientras tanto, la Unidad de Urgencias sigue siendo una obra terminada que aún no cumple la función para la que fue construida.
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