La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que el 20 de enero a las 8.30 a. m. el cuerpo sin vida de una persona apareció flotando sobre el río San Juan, en el resguardo de Puerto Pizario, municipio de Buenaventura, Chocó.
A la distancia se observó el cuerpo con tres orificios de arma de fuego, uno en la cabeza, otro en la nuca y uno en la espalda. Horas después, a las 3:25 p. m. fue visto otro cuerpo sin vida frente al cementerio, en el lugar conocido como el remolino, cerca a Puerto Pizario.
Este hecho generó zozobra y temor entre los indígenas wounaan del Resguardo de Puerto Pizario y los cabildos de Unión San Juan y Puerto Guadualito y la población afrodescendiente del Consejo Comunitario de Cabeceras debido a que los dos cuerpos sin vida han cruzado sobre sus lugares de habitación.
El pasado lunes 17 de enero, después que fuera asesinado un joven afrocolombiano en el desembarcadero de Bajo Calima, se conoció que el número de personas asesinadas, según la Comisión, por las operaciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sería de cinco.
Durante estos días se ha restringido el transporte sobre los ríos Calima, san Juan y Bajo san Juan. La presencia y control de las AGC y su anuncio desde agosto de llegar al territorio del Litoral san Juan, Bajo San Juan y Bajo Calima para quedarse y controlar esos territorios es ya una realidad.
“Es evidente la omisión, tolerancia, complicidad e ineficacia por parte de la Armada Nacional con el accionar de las AGC en esta región. Las comunidades indígenas y negras de esta región se encuentran confinadas a la espera de una acción institucional que garantice su protección más allá de la vía militar que ha demostrado ser ineficaz”, señaló la organización de paz.
Agregó que la presencia del ELN en la zona es algo inocultable, y la confrontación que se libra por parte de la Armada Nacional junto a las AGC contra ellos pone en riesgo a la población civil, tal como ellos lo indican.
“El presidente Duque es responsable de esta situación. Ninguna medida eficaz adoptó para prevenir daños irreparables a la vida e integridad de las comunidades étnicas. Desde marzo de 2021 desconoció el llamado de las comunidades a un Acuerdo Humanitario Global por la Pandemia. Y la grandilocuencia de anuncios de militarización solo han generado mayor deslegitimación de los militares, ausencia de credibilidad y transparencia en su actuar”, insistió la Comisión.
Aseguró que la zozobra y el terror son la compañía de las comunidades ribereñas de los ríos Calima, san juan y Litoral san Juan; Unión agua Clara, Cocalito, Puerto Pizario, Unión san Juan, Puerto Guadualito, Cabeceras, Malaguita, Cuellar, Santa rosa de Guayacán, Guarataco, Buenavista, Isla bello, Guarataco, Nalde, Tio cirilo, Las Palmas, San Bernardo, Nuevo Pitalito, Pichimá Quebrada, alrededor de unas 6.000 personas las que persisten en estar en el territorio y las desplazadas que, sin ninguna respuesta institucional humanitaria, siguen sorteando su vida en Buenaventura.
El jueves se realizó un consejo de seguridad en Quibdó con el fin de encontrar soluciones interinstitucionales a la situación de violencia y desplazamiento, que se ha recrudecido en las últimas semanas en ese departamento.
Durante el encuentro, Carlos Guzmán, procurador delegado para Asuntos Étnicos, aseguró que, “hay algunos avances muy importantes, pero en resultados concretos es mucho lo que falta por construir”, refiriéndose a la atención de estos flagelos que se registran en esa zona del territorio nacional.
