La Contraloría General de la República alertó que el 85 % del oro que se exporta desde Colombia es producto de la minería ilegal, la entidad llegó a esta conclusión al realizar un balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños ambientales de Colombia e indicó que esta actividad ilícita está acabando con los ríos en el país.
El contralor delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado, hizo un paralelo de esta actividad extractivista con el negocio ilegal del narcotráfico de cocaína y refirió que:
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los 5 millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el Chocó, sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas 4 a 5 grandes organizaciones criminales”, aseguró Gabriel Adolfo Jurado.
Lo anteriormente declarado por el contralor delegado para Medio Ambiente se agrava con el dato encontrado por el ente de vigilancia y control, debido a que exponen que el 66 % de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en Parques Naturales y en Reservas Forestales.
Una de las principales conclusiones del informe presentado por la Contraloría es que esta actividad beneficia a las grandes estructuras de los Grupos Armados Organizados -GAO-.
El delegado Gabriel Adolfo Jurado explicó que el daño de los ríos del país son producto de la explotación ilícita de minerales, que llenan los bolsillos de unas organizaciones criminales que están captando este recurso sin importar la contaminación que le producen a los recursos hídricos, con minerales pesados como el mercurio, el cianuro y otros que utilizan en tal actividad. Los residuos de estos minerales afectan gravemente a la población civil que requiere abastecerse del recurso hídrico.
En este contexto, Jurado dijo que esta actividad ilícita está dando, a su vez, paso la expansión ilegal de la ganadería, inclusive en Parques Nacionales Naturales, como Chiribiquete y Los Picachos, por parte de bandas criminales organizadas. Además, develó que el segundo factor detonante son los cultivos ilícitos, grandes responsables de la deforestación en la Amazonía y en zonas del Chocó y el sur occidente del país, como la zona de Tumaco, en el departamento de Nariño.
“Todos los grupos delincuenciales organizados hacen esto por dinero y la única forma de resarcir los daños ambientales que producen es persiguiendo esa plata, para que una vez se decomise, o entre a las arcas del estado, se utilice a manera de reparación”, enfatizó el contralor delegado.
EL CONTRALOR DELEGADO PARA MEDIO AMBIENTE EXPLICÓ QUE COLOMBIA ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA MASACRE AMBIENTAL, ANTE EL CRECIENTE FENÓMENO DE LA DEFORESTACIÓN.
En cifras ejemplificó que, en 1990 Colombia tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido más de 6 millones de hectáreas.
“Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque, que para dimensionarlo son cerca de 1000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá. La situación se presenta sobre todo en la Amazonía y el departamento del Chocó”, se lee en el informe de la Contraloría General de la República.
Deforestación, minería ilegal, ganadería, cultivos ilícitos y Grupos Armados Organizados están hoy en la mira de la Contraloría General de la República. Estos son piezas de un engranaje estructurado y organizado para delinquir y operar al margen de la ley. Afectar uno de los eslabones comienza por desestabilizar su operación, hacia este objetivo apunta la Contraloría, desestabilizar sus fuentes de financiación y a su vez garantizar el cuidado y preservación de los recursos naturales.
