Un informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta que durante el 2023 en Colombia, cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento.
En total fueron 17 los departamentos víctimas de desplazamiento forzado masivo, siendo Nariño el más afectado, con 58 eventos, que impactaron a 9.445 familias, integradas por 23.483 personas. El Chocó se ubicó en el segundo lugar, con 19 casos.
El año pasado ocurrieron 154 eventos de desplazamiento forzado masivo, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 de la misma naturaleza.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de los eventos en el 2023, según la Defensoría.
“Muy lejos de disminuir, el desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar. Hoy quiero llamar la atención del país porque en el 2023 fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo, en 17 departamentos”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al hacer un balance sobre el informe ‘Dinámicas de Movilidad Humana Forzada 2022-2023′.
El confinamiento se dio en diez departamentos; el más golpeado fue el Chocó, con 124 eventos (10.313 familias afectadas, es decir, 40.414 personas).
Además el Chocó tuvo un riesgo de desplazamiento y confinamiento en el 2022, de 13 casos, señala el informe.
Lo que debe hacer la institucionalidad gubernamental.
De acuerdo a la Defensoría, el principal factor de riesgo evidenciado es el aumento de los cultivos de uso ilícito, que ha provocado el incremento de la violencia en diferentes zonas y disputa territorial de los grupos armados ilegales, generando homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos.
No solo es reaccionar para atender a las víctimas, como recomendación clave formulada por la Defensoría del Pueblo, sino trabajar en prevención para que no haya más desplazados y confinados.
