Desde su llegada al cargo Henrry Cuesta Córdoba ha estado en medio de múltiples turbulencias que dejan mucho que desear de su actuar en el organismo de control y del accionar de la entidad a su cargo.
Como se recuerda el actual Contralor inicio el proceso de su elección en medio de un manto de dudas por su escogencia y la forma de como presuntamente a través de actuaciones no muy santas logro establecerse en el puesto que hoy ostenta.
Para el momento el 31 de diciembre culminaba el periodo de la Contralora del departamento y la disputa por ocupar su cargo estaba que ardía ante los resultados obtenidos y las presuntas ayudas extra concurso que algunos aseguran se presentaron para la escogencia.
La mesa directiva de la duma departamental por contratación directa, selecciono al Tecnológico de Antioquia, entidad esta, que si bien llenaba los requisitos para efectuar esta convocatoria pública, estaría presuntamente inmersa en un conflicto de intereses debido a que su representante legal Leonardo García Botero, tendría presuntamente vínculos sanguíneos con un diputado de la asamblea del departamento, Carlos García, hijo del ex rector de la Universidad Eduardo García vega, de quien se dice no votaría en esa instancia, por estar en conflictos de intereses y una inhabilidad sobreviniente.
Todo paso como tenía que pasar y Henrry Cuesta Córdoba fue elegido como Contralor del departamento.
Pero las cosas quedaron bien claras cuando en medio de una audiencia que se llevó a cabo tras la captura del ex rector de la UTCH, Eduardo García, la fiscalía enrostro un audio en donde el señor García interlocutaba con otra persona y se comentaba que se habían invertido $ 500 millones para poder lograr su llegada al cargo.
Ese jueves 9 de febrero de 2023, en medio de la audiencia de solicitud de medida por parte de la Fiscalía para los imputados en el caso del Proyecto maderas de la universidad tecnológica del Chocó, salieron a relucir en una de las pruebas del ente acusador audios que revelaron una verdad escondida en el departamento.
El fiscal del caso Jackson Chaverra, presentó ante el juez de control de garantías una pieza probatoria con la cual quería demostrar al togado que el ex-rector Eduardo García Vega, si representaba un peligro para el proceso, toda vez que aun no estando en el cargo, cuenta con poder para direccionar o cambiar las investigaciones.
Al presentar la prueba consistente en un audio de una llamada telefónica, autorizada su interceptación, la sorpresa fue escuchar al ex-rector hablar con una importante líder política del departamento, en donde en medio de la conversación se habla de una cifra de $500 millones, que presuntamente fueron invertidos para su escogencia.
La llamada muestra a la líder haciendo una especie de reclamo o mejor contándole al señor García Vega, que al parecer habrían sacado o querrían sacar a alguien de un cargo en la contraloría y que “su cargo se lo dejan ahí” pero también se escuchó cuando hablo de invertir $500 millones para que el funcionario llegara al cargo.
Como si fuera poco, antes de conocerse esta verdad que aun sigue a medias, el Contralor se ve inmerso en otro acto no menos importante tras presentarse una agresión por parte de su escolta al diputado Anderson Palacios, hechos estos que terminaron en denuncias de tipo penal en la fiscalía entre ambas partes y de las cuales al día de hoy no se conocen resultados.
EL NUEVO ERROR DEL CONTRALOR.
Este medio de comunicación pudo conocer que el señor Contralor, se ha dedicado a realizar cuanta auditoria le resulte conveniente para mostrar logros en la entidad que de paso no tiene nada de buena imagen, a hora se invento realizar una auditoria financiera y de gestión a la propia duma departamental.
Se olvida el Contralor que la Asamblea es su nominador o mejor dicho quien lo eligió para que llegara al cargo, por otra parte parece ser que el contralor también se olvida, que el día en que su seguridad causo el bochornoso acto en el recinto de la Asamblea, lo habían citado a el para realizarle un control político por parte de los diputados ante los pocos resultados que la entidad viene presentando.
Como quien dice el Contralor quiere devolver la piedra ejerciendo control a quienes lo nominaron y lo eligieron, lo que no piensa el funcionario es que el solo acto que se presento en la duma departamental, lo inhabilita para realizar esta auditoria, por cuanto podrían alegar desde la asamblea una falta de garantías para ejercer ese control fiscal, por los hechos que allí se presentaron y que lo involucran a el.
La asamblea podría pedir una intervención especial a la Contraloría General de la Republica, esto se daría, con la aprobación de todos sus miembros, que para su efecto se puede solicitar aplicar el articulo 22 del decreto 403 del 2020 que habla de INTERVENCIÓN FUNCIONAL EXCEPCIONAL.
Así los tiempos, pareciera que el Contralor del Departamento anda más en función de otra cosa que de ejercer un verdadero control a las entidades que son objeto de su función.
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