Voces de distintos sectores se reunieron en Quibdó, donde afirmaron que el territorio ha sido analizado hasta el cansancio, pero no ha sido escuchado. Exigen un nuevo pacto institucional que supere el sobrediagnóstico y priorice la ejecución de acciones con enfoque territorial.
En el corazón de la selva húmeda del Pacífico colombiano, el Chocó resiste. Lo ha hecho desde hace décadas de la mano de sus fuertes liderazgos sociales, la mayoría de ellos mujeres, y de sus procesos colectivos. Con más del 80% de su población afrodescendiente e indígena, su riqueza natural —bosques, ríos, biodiversidad— ha contrastado siempre con la pobreza estructural: los indicadores de salud, educación e infraestructura siguen entre los peores del país.
Esa resistencia enfrenta hoy nuevos desafíos como la expansión sin freno del Clan del Golfo, la presencia aún fuerte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la inestabilidad del proceso de paz con las bandas criminales que controlan buena parte del territorio.
Una conversación en clave de construcción de paz
Pero con todo este panorama, la comunidad chocoana busca construir un nuevo relato de su identidad. “Colombia no conoce Chocó y los chocoanos no conocen Chocó. Hay un desconocimiento total. Este es el departamento sastre, vienen a tomarnos las medidas, pero nunca nos hacen el vestido”, dijo Sergio Mosquera, docente del departamento y guardián de la memoria de Chocó.
Para darle un giro a esa situación, varios líderes de organizaciones sociales, Gobierno y medios de comunicación locales coinciden en que se necesita superar la desarticulación entre las instituciones, el desconocimiento del territorio, la estigmatización y el sobrediagnóstico que desde todos los puntos se ha hecho sobre los problemas del departamento.
Todos ellos compartieron sus experiencias y proyectos este martes, durante un diálogo social en el marco del proyecto Apoyo a la consolidación de la paz de Colombia, de la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés), cuyo aliado es Colombia+20 de El Espectador.
Algunas de las iniciativas clave tienen que ver con proyectos de escuelas de liderazgos femeninos, algunos avances en los planes de reparación colectiva y recuperación de la memoria.
Entre los participantes estaban Leyner Palacio, director territorial de la Unidad para las víctimas; Elizabeth Moreno, directora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó; Paola Vélez, coordinadora del programa Jóvenes en Paz de la Universidad Claretiana; Luz Edilma Palacios, integrante de la Comisión Vida, Justicia y Paz; Nimia Vargas, Fundadora y directora de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas; Elsa Paselia, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio; Gladys Rosa Mena, presidenta del Movimiento Comunal de Quibdó; Jhoarys Perea, de la oficina asesora de Paz de la Gobernación; Jhalmar Londoño, secretario de gobierno de la Alcaldía, y el docente Sergio Mosquera.
¿Qué proponen?
Este encuentro buscaba identificar algunas de las necesidades del territorio, pero sobre todo presentar propuestas en clave de construcción de paz.
Por eso, aunque los asistentes coincidieron en las dificultades que hay en el territorio para entablar un diálogo o conocer las iniciativas entre organizaciones, también afirmaron que es fundamental seguir consolidando su trabajo social en pro del departamento.
“Me preocupa el desconocimiento porque el conocimiento es la base de poder avanzar al otro peldaño que es comunicar. Y comunicar es lo que nos dirige al actuar. He escuchado que muchos hacen cosas, pero muchas de esas cosas, la mayoría no las conocemos. Al no conocerlas, no podemos aportar lo que hemos aprendido, lo que hemos ganado para salir adelante”, afirmó por su parte Nimia Vargas, fundadora y directora de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas.
La situación del Chocó es un espejo incómodo para el país: muestra el límite de la estrategia de paz si no se acompaña de transformaciones estructurales. Y deja claro que, sin una respuesta integral, la violencia seguirá encontrando terreno fértil en el abandono.
A pesar de su riqueza, la deuda histórica del Estado con el Chocó es profunda.
Según cifras oficiales, el 33% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional (tasa que triplica la media nacional). La cobertura en salud y educación sigue rezagada. En muchas zonas rurales, no hay energía eléctrica ni vías en buen estado.
Esa precariedad ha sido aprovechada por los actores armados.
Hoy, la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos y control social sobre las comunidades. Sólo en los primeros meses de 2025, se registraron más de 10.000 personas afectadas por el conflicto armado interno, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
El gobierno de Gustavo Petro prometió una “paz total” basada en el diálogo con todos los actores armados. En Chocó, se instaló una mesa con el ELN y se ha intentado un proceso con el Clan del Golfo, el actor más fuerte en el departamento, pero naufragó desde el inicio.
Por ahora, siguen abiertas las conversaciones las bandas RPS, Locos Yam y Mexicanos, aunque sin mayores avances.
Pese a esto, las comunidades siguen apostando por la paz.
La Diócesis de Quibdó, las organizaciones étnico-territoriales y los consejos comunitarios trabajan articuladamente para exigir cese al fuego, corredores humanitarios y garantías de participación en los procesos de negociación.
Sin duda, en ese caso el papel de las mujeres ha sido clave. Son ellas quienes lideran la mayoría de las organizaciones y procesos sociales.
Una de sus voceras más visibles es Elizabeth “Chava” Moreno, coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISC) y quien en 2023 recibió el Premio Nansen para las Américas 2023 por haber ido “más allá de su deber para proteger o ayudar a personas desplazadas” forzosamente en su región.
“El rol que jugamos hoy las comunidades es fundamental. Es allí donde considero que las mujeres debemos jugar un rol importante porque nuestro aporte ha sido significativo en la construcción de paz. Una construcción de paz sin la voz de las mujeres no puede ser completa porque realmente nosotras hoy, desde nuestras perspectivas comunitarias, hemos transformado, hemos apostado y debemos estar en el centro de la transformación del país”, dice Moreno.
Elsa Paselia Delgado, presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó, y quien fue coordinadora del espacio sociojurídico con las bandas, afirmó que aunque se debe insistir en una salida negociada, ha faltado mucha interés por parte de instancias nacional en ese diálogo, uno de los tres de paz urbana que tiene el Gobierno Petro -los otros son con las bandas de Valle de Aburrá y con las de Buenaventura.
Además, también propone mejores procesos de planificación para el futuro del departamento. “La visión hacia dónde queremos remar y si todos vamos hacia el mismo lado. Debemos tener algo que nos articule a todos y donde cada quien haga su mejor papel. Debemos tener un plan integral para hablar de paz. Necesitamos volvernos a sentar nosotros como chocoanos para saber hacia dónde vamos”, dijo Delgado.
Aunque durante décadas ha sido retratado solo desde el dolor —la pobreza, la exclusión, la guerra—, este departamento encierra mucho más: una potencia cultural, ambiental, espiritual e incluso gastronómica que resiste frente al olvido y los grupos armados.
Por ejemplo, la Red Departamental de Mujeres tiene un restaurante llamado La Paila de la abuela, en pleno centro de Quibdó con el que no solo ayudan a la economía de decenas de mujeres, recuperación sus saberes gastronómicos ancestrales, sino también siguen reforzando sus trabajos colectivos y comunitario.
El profesor Mosquera también es propietario de uno, pero en su labor de recuperador de la memoria escribió un libro llamado “El Chocó en la olla”, un nombre que apela a la expresión de que algo está mal, pero que en realidad redescubre a través de recetas, los olores, colores, sabores de la comida chocoana.
Las infancias, en riesgo
El tema de la niñez en el Chocó también fue abordado. En muchos municipios rurales, los menores enfrentan condiciones de pobreza extrema, desnutrición, desescolarización y una alta exposición a dinámicas de guerra. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en zonas como el Medio Atrato o el San Juan, el confinamiento armado ha impedido que cientos de niños asistan regularmente a clases o accedan a atención médica básica. El riesgo de reclutamiento forzado, utilización por grupos armados ilegales y violencia sexual sigue siendo alarmante, especialmente en territorios donde el Clan del Golfo y el ELN disputan el control.
Pese a este escenario, las comunidades no han dejado de resistir ni de cuidar a sus niñas y niños. Consejos comunitarios, cabildos indígenas, escuelas rurales y organizaciones locales han levantado verdaderos escudos de protección colectiva. Se han creado espacios pedagógicos propios, donde se enseña desde la lengua materna y la cultura ancestral, y se promueven entornos seguros para la infancia.
La Iglesia, las madres lideresas y los jóvenes formados como promotores de paz también desempeñan un papel clave en la protección de los menores.
“Nosotros somos una comunidad familiar, queremos ver a nuestros niños, nuestros jóvenes jugando en la calle y nosotros como familiares formando un entorno cuidador. Seguimos haciéndolo”, dijo Gladys Rosa Mena, presidenta del Movimiento Comunal de Quibdó y coordinadora del grupo de Los Jóvenes Hablan.
Frente a la violencia, han surgido estrategias para tratar de frenar el rampante reclutamiento de menores. Uno de los intentos fue el del programa “Jóvenes en Paz”, el gobierno ha vinculado a 42.920 jóvenes a nivel nacional, muchos de ellos en territorios como Quibdó, Istmina y Condoto, donde las oportunidades escasean y el reclutamiento forzado ha sido una constante.
Este programa busca ofrecerles una alternativa al conflicto mediante apoyos económicos, educación, formación para el trabajo y acompañamiento psicosocial. Sin embargo, ese programa también ha enfrentado algunas dificultades en su ejecución.
Los medios también participan
El diálogo incluyó a medios de Quibdó como una forma de integrarlos en las propuestas para el cambio en la narrativa del departamento y dar visibilidad a los proyectos de construcción de paz.
Un equipo periodístico de El Espectador trabajará con los reporteros en la coproducción de las historias que resultaron del encuentro: los periodistas Gonzalo Díaz, de la emisora de la Universidad Tecnológica del Chocó y Neliño Rentería, de la emisora Cocomacia.
Producto de este encuentro saldrán varias piezas periodísticas que nuestras audiencias podrán conocer a través de las plataformas de Colombia+20 de El Espectador en las próximas semanas.
Este mismo ejercicio se realizó en Buenaventura y San Vicente del Caguán, donde también se realizaron estos espacios de diálogos.
El próximo jueves, además, se llevará a cabo el vento de entrega de dotaciones para las iniciativas promovidas desde el proyecto “Apoyo a la Consolidación de la Paz en Colombia”. Este proyecto respalda esfuerzos de las comunidades que contribuyen a la transformación territorial y la paz urbana en Quibdó. En el evento hará presencia, Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea; María Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ; Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del departamento del Chocó y Monseñor Wiston Mosquera Moreno, obispo de la Diócesis de Quibdó.
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