El paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó otra víctima mortal en su segundo día activo. En la noche de este 24 de febrero los subversivos asesinaron a Julio Victoria Cárdenas, líder social de Chocó. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la víctima fue ultimada con arma de fuego.
“Julio Victoria Cárdenas, presidente de la junta directiva del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), fue asesinado con arma de fuego en horas de la noche por un grupo de hombres que se identificaron como miembros del ELN”, informó Indepaz.
Victoria era el presidente de la junta directiva del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), de la comunidad de Barrios Unidos en el Litoral San Juan (Chocó). Además, hacía parte de la Guardia Cimarrona del Chocó.
El activista ya estaba en riesgo desde hace más de dos años, pues en 2019 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que señala que en el municipio de Litoral del San Juan las comunidades indígenas y afrodescendientes permanecen confinadas por “autoprotección’’. Se resalta que los miembros de Acadesan están en mayor riesgo porque “los actores armados los ven como un obstáculo a sus pretensiones violentas de control y avance territorial”.
En la zona, además del ELN, operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. Así mismo, hay estructuras locales que también intimidan a las comunidades.
Con el asesinato de Victoria, ya son 31 los líderes sociales asesinados en Colombia durante 2022.
Las autoridades están preocupadas por el accionar delictivo del ELN, que se ha intensificado desde que inició el año en todo el país. Chocó no es la excepción, incluso, hace solo dos días (22 de febrero) Acadesan denunció el desplazamiento forzado de las comunidades de San Agustín y Buenas Brisas en Sipí y Negría en Istmina.
Los miembros de las comunidades se encuentran resguardados en uno de los consejos comunitarios del departamento. Desde este punto esperan que las autoridades hagan el debido restablecimiento de sus derechos pronto.
“Denunciamos que continúa empeorando la situación de violación de derechos humanos de las comunidades negras de Acadesan en los municipios de Istmina, Sipí, Nóvita, Medio San Juan, y Litoral del San Juan (Chocó), por cuenta de las acciones de los actores armados (tanto de los ilegales como de los legales)”, se puede leer en un comunicado que publicó Acadesan.
El consejo, al referirse sobre el caso de la comunidad de Negría, recuerdo que es la segunda vez que sus miembros se desplazan forzadamente en menos de un mes.
Además, según las cifras de Acadesan, en los últimos días se han presentado desplazamientos forzados, colectivos e individuales en las siguientes comunidades: en Dipurdú se han desplazado aproximadamente 150 familias; en Negría, 53 familias; en Paimadó, 4 familias, en Barranconcito, 17 familias; en San Agustín, 51 familias; en Las Brisas del Litoral, 5 familias y en Tordó aproximadamente 17 familias.
Además, se tiene registro de que desde el 14 de febrero, por lo menos 39 comunidades están en situación de confinamiento por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln en el Litoral del San Juan.
La Iglesia católica advirtió que más del 70 % de los habitantes del Chocó están en riesgo por culpa de la ola violenta que se ha presentado por los enfrentamientos entre grupos ilegales al margen de la ley.
A pesar de los registros que llevan las organizaciones locales, el Gobierno nacional asegura que estas cifras son exageradas. Teniendo esto en cuenta, se rechazaron todas las solicitudes de protección colectiva, sobre todo las orientadas a la prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y jóvenes.
