Durante el mes de la afrocolombianidad, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) recibe la sentencia que restablece los derechos territoriales sobre sus más de 73 mil hectáreas.
Cientos de hombres y mujeres afro con vestidos de colores, provenientes de los municipios de Bagadó, Lloró, Cértegui y Atrato, llegan al parque central de Yuto, cabecera municipal de Atrato, a este acto simbólico que llevan esperando desde el 2021, año en que se expidió la sentencia.
“Este evento significa un reconocimiento a la deuda que ha tenido el Estado con las comunidades que han vivido ancestralmente en los territorios. Somos comunidades que hemos hecho resistencia ante el conflicto porque queremos seguir acá y mejorar las condiciones de vida”, afirmó Glenis Esther Garrido, representante legal de Cocomopoca,
Las 46 comunidades vinculadas a Cocomopoca habitan los municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui, pueblos que han sufrido los estragos de la violencia guerrillera y paramilitar.
Según la Sentencia 006, que fue proferida por el Tribunal Superior de Antioquia el 27 de julio de 2021 y es la que busca restituir sus derechos, las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas porque sus territorios han sido utilizados por los grupos como «sitio de escondite y abastecimiento, con hechos de ocupación de sus viviendas, reclutamiento forzado y asesinato de sus miembros».
A Yuto llegó este lunes una delegación del Gobierno liderada por la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, quienes fueron recibidos con emoción por una comunidad que confía en que las promesas de cambio del Gobierno del presidente Gustavo Petro se hagan realidad.
La ministra de Agricultura manifiesta que el Gobierno pretende cumplir las sentencias pendientes con los consejos comunitarios que han “sufrido todo tipo de violencias”. La alta funcionaria revela que esta es la primera vez desde que se emitió la sentencia que las autoridades y las comunidades hacen seguimiento al cumplimiento de lo dictaminado por el tribunal.
“La idea es hacer una gestión integral territorial, hacer una mayor presencia en las entidades públicas que están convocadas, porque esto estaba muy concentrado en Bogotá sin el esfuerzo ni la capacidad suficiente, y lograr, con el concurso de las comunidades, cumplir la sentencia”, añade Mojica.
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