El secuestro de una autoridad ambiental expone la violencia que atraviesa la población en el Chocó
En 2024, el departamento del Chocó registró siete asesinatos de personas defensoras, un aumento de 600 % respecto a 2023, de acuerdo con el informe de la organización Somos Defensores.
El estudio advierte que al menos en Quibdó, la capital de Chocó, se vivió una disputa entre bandas criminales que en algún momento participaron en los espacios de negociación de la Política de Paz Total en Colombia.
Ese año, la Defensoría del Pueblo dijo haber respondido solicitudes de intervención ante las crisis humanitarias provocadas por conflictos armados entre grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Somos Defensores registró entre 2021 y 2024 un total de 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 25 fueron asesinatos, por lo que la región es considerada un foco de crisis humanitaria.
Astrid Torres, coordinadora de la organización, advierte que en el Chocó hay un escenario de alto riesgo, principalmente para quienes hacen defensa del territorio, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, así como líderes comunitarios y activistas de derechos humanos, quienes fueron los principales objetivos de estos ataques.
Pese a este contexto, tanto Escobar como William Klinger, sostienen que no hay antecedentes que pudieran advertir el secuestro de Rincón o relacionar la agresión con su labor como autoridad ambiental.
“Creo más en la hipótesis de delincuentes que quieren financiarse a través del secuestro porque si fuera por un tema de liderazgo ambiental, hace mucho rato nos hubiera ocurrido algo a nosotros”, afirma el investigador Klinger.
De acuerdo con autoridades de Codechocó, los captores de Rincón no se han comunicado con ningún integrante de la corporación ni con sus familiares para exigir algún pago por la liberación del líder comunitario.
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