En el escrito de acusación de Olmedo López aparece una orden de proveeduría del 31-oct-2023 por valor de valor: $1.340´055.000 para el suministro de 27.630 tejas de zinc para el municipio de Quibdó.

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El escrito de acusación contra el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo tiene información hasta ahora desconocida, como las órdenes de proveeduría firmadas en todo el país.

EL COLOMBIANO tuvo acceso a los escritos de acusación contra Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; Pedro Rodríguez, exasesor Jurídico de la Dirección; Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento y Luis Eduardo López Rosero, contratista.

El documento de 184 páginas, firmado por la fiscal novena María Cristina Patiño, realiza un minucioso repaso desde la creación de la empresa criminal que saqueó los recursos de la UNGRD hasta el desarrollo de diversas actividades ilegales. También detalla cómo se logró la captación de otros participantes, quienes fueron seducidos para actuar de manera ilícita a cambio de recibir millonarios sobornos.

“Desde por lo menos mayo de 2023 a septiembre de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez, Luis Carlos Barreto, César Augusto Manrique, para la fecha de los hechos, Director del Departamento Administrativo de la Función Pública; otros servidores públicos y contratistas de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, así como particulares, entre ellos Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista (…) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD”, detalla la Fiscalía.

El ente acusador subraya que la empresa criminal basó su accionar en la declaratoria de desastre Nacional y decretos calamidad pública, “logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos, sobre el general”, añade el escrito de acusación.

En el escrito de acusación se destacan las más de 70 órdenes de proveeduría para la ejecución de millonarios contratos en diferentes municipios del país. Algunas fueron pagados sin que se hubiera probado el cumplimiento del mismo.

Las tres proveedurías para atención a comunidades vulnerables, en zonas donde previamente ocurrieron desastres naturales, fueron adjudicadas a la empresa LUKET SAS, propiedad de Luis Eduardo López, tras un amañado proceso de licitación al que solo fueron invitadas empresas del mencionado contratista.

La primera por valor de $519´775.968, consistía en el suministro de 55 bultos de cemento, 3.000 ladrillos, 118 varillas y 28 tejas como ayuda humanitaria en el marco de la respuesta y recuperación del municipio de San Pablo, departamento de Nariño.

Veinte días después, les adjudicaron la orden de proveeduría No: SMD-GS-229-2023 del 31-oct-2023 por valor de valor: $1.340´055.000 para el suministro de 27.630 tejas de zinc como ayuda humanitaria para el municipio de Quibdó, departamento de Chocó.

Y tres meses Rosero se ganó el proceso para el suministro de 1.740 tejas de zinc, 1.785 bultos de cemento,6.745 varillas de acero, 35.385 ladrillos y 1.000 tanques de agua para la atención a familias del municipio de Guapi, Cauca. La orden de proveeduría fue por valor de $398´150.500.

Según la Fiscalía, la UNGRD desembolsó los millonarios recursos sin que estos se ejecutaran de manera adecuada. No existe evidencia de que las empresas de Luis Eduardo López Rosero hayan cumplido a cabalidad con el objeto de los contratos, cuyo propósito era beneficiar a las comunidades damnificadas. En su lugar, el dinero habría sido saqueado, tal como lo habría planeado la empresa criminal.