Según indicó la Ocde, en Colombia existe una alta correlación entre el bajo desempeño académico y el entorno económico de los jóvenes.
De los 25 colegios cuyos estudiantes obtuvieron las calificaciones más bajas en las Pruebas Saber 11 del año pasado, nueve están localizados en el departamento del Chocó, 23 son públicos, nueve son especialmente dedicados a la población indígena y dos tienen enfoque rural.
Estas conclusiones fueron obtenidas luego de elaborar un ranking basado en los resultados agregados de las mencionadas evaluaciones, durante el primer y segundo semestre de 2021, calculando el promedio ponderado de la calificación por cada guía que compone la prueba (matemáticas, competencias ciudadanas, inglés, naturales y lectura crítica).
Además, se excluyen del listado a las primeras 411 instituciones en las que sólo figuraba el puntaje obtenido en inglés y otras posteriores con información incompleta en alguno de los cinco componentes que evalúa la entidad.
De ahí que haya desaparecido un sinfín de colegios con reconocimiento étnico y rural, los cuales por sus prácticas ancestrales están exentos de la presentación de la prueba en la lengua extranjera.
De otro lado, con la compilación de estos resultados se descubrió que la diferencia entre el colegio mejor calificado del país, el Nuevo Cambridge en Floridablanca, Santander, que obtuvo 401 puntos y la Sede indígena Seku-Ape-Yuwano del Agustín Codazzi, en el Cesar, es de 289 puntos, siendo el datos para esta última, de 112.
Nelson Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), coincidió con el diagnóstico dado por la Ocde frente a los resultados de las últimas pruebas Pisa que indica que en el país, más que en otras naciones, existe una correlación directa entre el bajo desempeño académico de los jóvenes y el entorno económico que los rodea.
Según el líder gremial, “la situación económica que atraviesa el país está afectando a muchos jóvenes que no tienen el sustento, la alimentación, el transporte ni las condiciones mínimas para desarrollar sus actividades de aprendizaje”.
También mencionó que desde 2017, los recursos de gratuidad financiados por el Gobierno Nacional han disminuido cerca del 50% y lo mismo sucede con los de calidad que se le otorgan a los municipios del país.
Alarcón explicó que al fecha no hay una política para mejorar la educación en el país; por lo tanto, se requiere llevar a cabo una reforma constitucional al sistema de participación como la que ya se ha consensuado con actual el Gobierno del Presidente, Iván Duque, que “consiste en modificar los artículos 356 y 357 y generar una nueva fórmula económica para la educación”.
Asegura que las brechas entre el sector público y privado son cuestión de condiciones y no está relacionada con la calidad de los docentes, pues, la mayoría de veces, los licenciados del país reciben la misma formación pero en su ejercicio laboral no disponen de las mismas condiciones por la falta de inversión en la educación oficial. En este sentido, los colegios cuyos estudiantes obtuvieron los resultados más bajos, generalmente están ubicados en las zonas periféricas donde las oportunidades son menores.
