Las autoridades desarticularon una red que utilizaba a menores de la comunidad Embera Katío para obtener millonarias ganancias mediante la mendicidad en zonas turísticas.
La fiscalía general de la Nación reveló la existencia de una organización dedicada a la explotación de niños y niñas indígenas de la etnia Embera Katío, varios de ellos menores de cinco años, quienes eran forzados a pedir ayuda en espacios públicos de Medellín.
Ocho personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías por su presunta participación en estos hechos. Entre los procesados se encuentran seis ciudadanos venezolanos y una mujer colombiana, identificada como Ana Lucía López Sánchez. A todos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad, cargos que no aceptaron.
Las investigaciones realizadas por un fiscal especializado, con apoyo de la Policía Nacional, permitieron establecer que los pequeños eran utilizados para acercarse a turistas en zonas concurridas como el Parque Lleras y Provenza. Allí solicitaban alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, que luego eran revendidos en farmacias y otros establecimientos comerciales.
Según los cálculos de las autoridades, la red alcanzaba ganancias cercanas a los 180 millones de pesos mensuales.
El proceso judicial también derivó en el cierre de tres droguerías presuntamente vinculadas al esquema ilegal. Durante la operación se contó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, lo que permitió restablecer los derechos de los menores afectados en más de 900 casos documentados en los últimos dos años.
Por decisión judicial, los ciudadanos extranjeros deberán permanecer en establecimiento carcelario, mientras que López Sánchez cumplirá medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
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