El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, les hizo un llamado a las entidades territoriales y del orden nacional para que, atendiendo a sus funciones y competencias, concentren esfuerzos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y así sea prestado de manera adecuada, especialmente en aquellos lugares donde ha habido permanentes quejas y donde la prestación del servicio ha sido intermitente.
La Defensoría del Pueblo aplicó el Protocolo en 118 instituciones educativas en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Sucre, donde recogió la voz de alrededor de 1400 niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE; además, realizó entrevistas a padres, madres, cuidadores, directores de las instituciones, operadores y funcionarios de secretarías de Educación y Salud. Todos, actores claves para su implementación.
El Chocó salió bien librado en ese informe, si se comparan con las irregularidades encontradas en otras regiones; ya que en este departamento y Boyacá la inconsistencia pasa por la falta de agua potable.
En Atlántico, por ejemplo, se encontraron excrementos de animales en los lugares de preparación y almacenamiento.
«En Norte de Santander y Guaviare, la niñez y adolescencia beneficiarias reportaron que les salían pelos en el complemento alimentario; así mismo, expusieron que hay pocas cucharas, lo que las obliga a utilizarlas a lo largo de una jornada varias veces, recibiéndolas, en algunas ocasiones, en condiciones de aseo y desinfección deficientes», dice un aparte de la información
En Córdoba, con base en información de la Unidad Administrativa de Alimentos para Aprender, con corte al 31 de octubre, el PAE a cargo de la Gobernación de Córdoba se suspendió desde el 30 de mayo del 2023, afectando a 156.690 estudiantes. Además, en otras entidades territoriales certificadas, como Amazonas, Cesar y Guaviare, el Programa presenta alerta de suspensión, señala el informe.
Para la Defensoría del pueblo, todas esas anomalías ponen en riesgo la salud de los estudiantes
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