Una investigación de gran magnitud tiene en la lupa a los contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Chocó durante los últimos cuatro años.
Qradio conoció que, Bajo el título de «Presunta corrupción en el ICBF Chocó», fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, la cual ha iniciado una pesquisa sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos con varias fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que operan programas de la entidad desde el año 2020 hasta la fecha.
Las investigaciones se han centrado en el actuar de los directores actual y anterior del ICBF, Darwin Yesid Cuesta Palacios y Manuel Humberto Moreno Incel, asesores, coordinadores y profesionales de planta y de apoyo.
Todos se encuentran en el centro de esta investigación, que ha cobrado mayor relevancia tras denuncias previas efectuadas por Jhon Arley Murillo Benítez, ex representante a la Cámara por Negritudes. Las denuncias públicas de Murillo Benítez han resaltado presuntas prácticas cuestionables en el proceso de contratación llevado a cabo en la región.
El representante a la Cámara por Negritudes, Jhon Arley Murillo Benítez denunció a través de un video que la organización Corporación La Nueva Colombia presentó documentos falsos para la contratación, lo cual es síntoma inequívoco de la poca transparencia y el direccionamiento de estos contratos.
Como antecedente relevante, en diciembre de 2022, una auditoría de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la Regional Chocó del ICBF, con hallazgos fiscales por 7.016 millones de pesos. Estas irregularidades se referían a inconsistencias en la base de datos Cuéntame, la constitución de cuentas maestras y el cobro de gravamen a los movimientos financieros.
La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social realizó el informe sobre los recursos asignados para el proyecto «Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional» y la producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional (AAVN) en la vigencia 2021 y primer semestre de 2022.
Entre los hallazgos detectados, el mayor fue de 6.611 millones de pesos debido a inconsistencias en la base de datos Cuéntame, donde se encontraron personas no localizadas y fallecidas como supuestos beneficiarios de servicios contratados por el ICBF en las vigencias 2020, 2021 y 2022. Esta situación puso en riesgo los recursos destinados a la atención de los beneficiarios y reflejó deficiencias en los mecanismos de control y supervisión en la Regional Chocó.
Foto de archivo. Fachada del edificio en donde funciona la Contraloría General en Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta
La Contraloría emitió un concepto de Incumplimiento Material con Reserva y calificación de control interno con deficiencias ante los hallazgos encontrados en la auditoría. Los hallazgos disciplinarios fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación y los penales a la Fiscalía General de la Nación.
Además, el portal de noticias HPS publicó información en febrero de 2020 sobre aparente proceso de evaluación ficticia del Banco de Oferentes, donde se excluyó a organizaciones de reconocido trabajo social y comunitario. Entre las ONG seleccionadas se encuentran Asorewa, Fundación Pazcífico Vive, Fundación Serranía, Fundación Jóvenes Trabajando Por El Bienestar del Darién y Corporación La Nueva Colombia.
Le puede interezar:https://hps.com.co/corrupcion/supuesta-corrupcion-en-la-adjudicacion-de-contratos-en-icbf-choco/
La investigación ha generado una gran expectativa en la comunidad del Chocó, que ve en riesgo cientos de empleos en la región, ya de por sí afectada por altos índices de desempleo. La gravedad de las denuncias ha llevado a la Fiscalía a analizar meticulosamente las acciones de los funcionarios, asesores, profesionales, directivos y operadores del ICBF involucrados.
Cabe destacar que el ICBF maneja programas fundamentales para la primera infancia, como HCB FAMI-FAMILIAR TRADICIONAL, HCB TRADICIONAL-COMUNITARIO (T), HOGARES INFANTILES – INSTITUCIONAL INTEGRAL, entre otros relacionados con la infancia, nutrición y atención a adultos mayores.
Las repercusiones de esta investigación son de gran importancia para la ciudadanía, la cual espera que se garantice la transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a programas esenciales para la niñez y la familia en la región y de hallar delitos se castiguen a los responsables.
Se conoció que en los próximos dias se podrían estar dando los primeros resultados o llamamientos a los implicados en este asunto por parte del ente investigador para que respondan por sus actuaciones en este caso.
Deja una respuesta