Los días 5 y 6 de octubre de 2022, el gobernador (e) William Darwin Halaby Palomeque, presidió el Puesto de Mando Unificado, como medio coercitivo para contrarrestar la situación bloqueos de las vías del departamento, la cual se está volviendo recurrente, y se puedan para tomar decisiones de manera articulada y en conjunto, después de más de tres semanas en bloqueo, al mismo tiempo hacer seguimientos a las medidas que en este espacio de análisis se adopten con la presencia del alcalde de Quibdó, Martin Emilio Sánchez Valencia; cúpula militar, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, líderes de comunidades indígenas, Procuraduría General de la Nación, Alcaldía Municipal de El Carmen de Atrato. Se abordó salida a la situación de bloqueos en las vías terrestres.
Al hacerse un análisis de la situación por el Puesto de Mando Unificado, se evidencia que, en las vías se presentan alrededor de 7 bloqueos en diferentes zonas, para solicitar pliegos que, aunque no se han cumplido en su totalidad se adoptan vías de hechos por parte de las comunidades, y como primeras medidas se acordó crear una mesa de concertación amplia con toda la institucionalidad y representantes de las comunidades afros, empresarios y camioneros para crear una ruta definida de solución a esta problemática.
La Fuerza de Tarea Conjunta Titán, reportó en cuanto a la seguridad y el orden público, que no se ha presentado problema diferente de la situación de los bloqueos y restricción de movilidad. Como integrantes de las fuerzas militares están en toda la zona, en la vía, pendientes a cualquier situación que pueda ocurrir y donde se requiera la intervención del Ejército, esperando que los diálogos tengan un feliz término.
Por su parte, la Policía Nacional verifican con tránsito constantemente, informó que hay denuncia por parte de los conductores que se está exigiendo dinero a los camioneros para poder pasar, ante esta situación la fuerza pública está atenta para que las persona que se sientan afectadas o vulneradas, tengan los medios para denunciar de forma ágil e iniciar las líneas de investigación.
De otro lado, la Defensoría Regional del Pueblo dio a conocer su informe sobre el seguimiento que ha hecho en lo que va corrido del año, reporta que se han contabilizado hasta el momento 21 eventos de bloqueos viales en los primeros siete meses del año, esto es en promedio tres bloqueos al mes, evidenciando que las manifestaciones que se realizan para llamar la atención sobre situaciones que afectan a la comunidad, no han sido eficientes, porque si fueran eficientes no se seguirían presentando, en las mismas comunidades.
Hay que buscar una estrategia que permita hacer seguimiento a los compromisos y mejorar la comunicación al interior de las comunidades. Expresó la Defensoría del Pueblo.
En su intervención el alcalde de Quibdó, Martin Sánchez Valencia, manifestó que su administración siempre ha estado dispuesta a dialogar, solucionar y avanzar en los procesos que así tengan un retraso continúan, algo que las comunidades no están entendiendo y exigen que de manera inmediata se ejecuten las acciones desconociendo que hay un trámite que cumplir.
“Las autoridades nos vienen haciendo acompañamiento, pero el desgaste es enorme, porque se llegan a acuerdos; pero las comunidades no los están cumpliendo, se adoptan unas medidas y sí algún grupo dentro de la comunidad no está de acuerdo inmediatamente ejecutan una vía de hecho; la lectura que se puede hacer es que las bases no están siguiendo a sus dirigentes, no se puede seguir abordando los temas que ya han sido socializados, de forma individual no se puede seguir adoptando la vía de hecho, se puede identificar que existe una división enorme al interior de los resguardos una disputa interna principalmente en el tema de educación en lo que respecta al kilómetro 12 y eso ha llevado que la comunidad se divida y en varias ocasiones adopte las vías de hecho. Concluyó el alcalde de Quibdó.
La Secretaría Técnica Indígena, a cargo del señor Javier Arrieta, expresó: “compartimos la propuesta de la mesa de trabajo y que se parta del compromiso y de la participación del Gobierno Nacional, además de abrir un enlace de comunicación entre los alcaldes con estas comunidades para poder conocer de fondo, los proyectos como el de la construcción de las viviendas refiriéndome al kilómetro 90”.
Explicó que son varios temas que comprenden sus reclamos que tienen que ver con proyectos que se tienen pactados. Por ejemplo, si dentro 8 días no se ha construido el puente cerca de Guarato nuevamente la comunidad va a cerrar la vía, adicionalmente, hay que revisar el proyecto de ganadería en la vía Condoto, que es un compromiso de Gobernación y que no sé avanzado.
Finalizando su intervención, la Secretaría Técnica Indígena, recomendó revisar los nuevos operadores para educación, porque hay que cumplir con los requisitos y en cuanto a la responsabilidad de personas que participan en el proceso de bloqueos, si hay que abrir los procesos judiciales. Aducen que hay una pelea casada entre la Empresa Latinco y la Alcaldía de El Carmen de Atrato, complementando que ya en el kilómetro 18 manifestaron irse en miga por los compromisos que tiene la Empresa DISPAC con esa comunidad y aún no han sido cumplidos.
Víctor Carpio, comisionado Departamental de Derechos Humanos, apoyó la instalación desde ya de la mesa encabezada por el Ministerio del Interior y la Gobernación, donde se aborde la totalidad de los compromisos con la participación de los lideres, a quienes hay que parar para que no se sigan bloqueando la carretera antes de llegar a las vías de hecho. Las organizaciones indígenas deben hacer presencia en esas mesas de dialogo. Expresó.
El Ministerio del Interior, indicó que es necesario que se inicie un dialogo franco con actores legitimados, no es aceptable que se lleguen a acuerdos, y que miembros de las mismas comunidades desconozcan lo que se habló y procedan a bloquear las vías y nadie se haga responsable.
Entre tanto, la Procuraduría Regional, apuntó: “vemos con preocupación la reiteración de las vías de hecho y aunque se ha venido haciendo acompañamiento, si bien es cierto, que se tiene el derecho a protestar también se debe entender que hay una normativa para que puedan realizar las reclamaciones; se están afectando derechos a terceros, la comunidad, el comercio.
La representante del Ministerio Público, Soraya Barrios, sugirió que antes de tomarse las vías de hecho hay que acudir a las instituciones que tengan los compromisos y que la Procuraduría dentro de su misión funcional preventiva, estará atenta a recibir sus solicitudes y oficiar a las entidades que incumplen.
Concluyó el Ministerio Público: “no hay que olvidar que las vías de hechos pueden llevarlos a que sean judicializados con ocasión de delitos que ocurran en ocasión de las protestas”.
Finalmente, se acordó crear la mesa de concertación y diálogo con representantes de las organizaciones, y que se convoque al Ministerio del Interior, gobernadores de los resguardos, institucionalidad, gremio de camioneros, cooperación internacional, lo que fue aprobado por unanimidad de los asistentes.
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