Se conoció el borrador del decreto que define que varias carteras, hoy sin ministros en propiedad, deberán participar de la ruta para atender un delito que afectó solo en 2024, según la Defensoría del Pueblo, a más de 100 mil personas.
El Gobierno de Gustavo Petro alista una nueva ruta para atender a las personas confinadas por culpa del conflicto armado. En esta, las entidades nacionales deberán estar al frente de la prevención y respuesta de esta situación, que se ha intensificado en departamentos como Chocó.
Se trata de un nuevo borrador de decreto que fue redactado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) de Gustavo Bolívar. En este, cumpliendo con una orden de un auto de la Corte Constitucional, se definen las tareas que los ministerios de interior y Defensa, la Unidad de Víctimas y el mismo DPS deben adelantar para, de manera articulada, atender este delito que, en 2024, se reportó en los departamentos de Chocó (75 casos), Arauca (8), Antioquia (7), Nariño (7) y Caquetá (7).
La creación de esta nueva ruta llega en un momento álgido para la seguridad nacional. Además de la declaratoria de conmoción interior en Catatumbo, en otras regiones, como Chocó y Cauca, se ha alertado del deterioro de las condiciones para las comunidades. Y, en ese contexto y de acuerdo con las autoridades locales, el riesgo de que haya desplazamientos y confinamiento ha aumentado sustancialmente.
Y no se trata de un tema menor. De acuerdo con el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se presentaron 75 eventos de confinamiento en 343 comunidades. La mayoría de ellos, 23 ocurrieron en Chocó. Según los cálculos de la entidad dirigida por Iris Marín, estos afectaron a 24.255 familias, equivalentes a 107.931 personas.
La discusión se da, además, en un momento en el que el gabinete está inestable por cuenta de las seis renuncias ya formalizadas, entre las que se incluyen las de los ahora exministros Juan Fernando Cristo (Interior) e Iván Velásquez (Defensa), dos entidades que tienen que ver con la ruta, pero no tienen una cabeza fija. Y hasta tanto le presidente no regrese de su gira en Medio Oriente, esta no quedaría en firme.
En el documento, que aún está en la etapa de consulta pública, se plantean las responsabilidades que deberá asumir cada una de las entidades mencionadas y que deberán articularse con las autoridades locales y departamentales para atender la emergencia. La idea no es modificar una norma ya existente, sino agregar al decreto 1084 de 2015 una sección con la filigrana de la ruta de atención.
El Gobierno se está tomando con cierto afán la creación de la ruta. De hecho, el decreto llegó con un mensaje de urgencia que permite reducir el periodo de comentarios de 15 días calendario a tan solo cinco. Esa reducción de una tercera parte del tiempo se debe, según explicó el DPS, a que la Corte Constitucional ordenó que se agilizara el tema. Esto, porque corresponde al seguimiento de la sentencia en la que ese alto tribunal, en 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado.
La ruta llega también en un momento en el que desde Chocó hay denuncias de que, por lo menos, 12.000 personas confinadas en medio de enfrentamientos del Clan del Golfo y el ELN, así como el riesgo de la llegada de disidencias de las FARC al departamento.
“Tenemos el temor de la amenaza que ha manifestado la Defensoría del Pueblo, acerca de una alianza de uno de los grupos de las disidencias de las Farc por el Valle del Cauca. Lo que nos dicen es que están buscando una alianza con uno de los dos grupos. Obviamente, atacando al otro grupo para darle un espacio”, expresó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.
Así, mientras avanza el estudio de la nueva ruta, en el país se presentan nuevos casos de confinamientos. Y, de manera casi paralela, el Gobierno de Gustavo Petro avanza en la atención, vía conmoción interior, de uno de los peores desplazamientos desde los años 90 y por el que se declaró el estado de excepción, precisamente, por la falta de un camino claro y de recursos para atenderlo.
