La Agencia Nacional de Minería (ANM) pretende renovar el contrato de explotación de la mina El Roble, ubicada en el Carmen de Atrato (Chocó), por 30 años. Esta mina, propiedad de la canadiense Ático Mining (90%) y de la familia del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (10%), ambos socios condenados a pagar $119 mil millones de pesos por regalías no liquidadas. Comunidades denuncian afectaciones ambientales y sociales no resueltas.
En los próximos días la Agencia Nacional de Minería (ANM) renovará el contrato de explotación de oro y cobre de la mina El Roble, que opera en el Carmen de Atrato (Chocó). Esta mina pertenece en un 90% a la empresa peruano-canadiense Ático Mining, y en un 10% a la familia del exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien recientemente anunció sus aspiraciones presidenciales.
Con la firma del nuevo contrato, esta sociedad tendrá, durante 30 años, vía libre para extraer minerales en la cuenca del río Atrato, a pesar de las deudas ambientales, sociales y económicas con el río, las comunidades del Chocó y el Estado colombiano.
La mina el Roble inició operaciones en 1990 como un proyecto de pequeña escala, impulsado por Guillermo Gaviria Echeverry y su hijo Aníbal, con el respaldo de empresas estadounidenses y japonesas. El crecimiento de la mina fue exponencial a partir de 2013, cuando Ático Mining, empresa de origen peruana, pero con residencia en Canadá, adquirió el 90% de la participación.
La compañía amplió la producción hasta alcanzar una capacidad de 1.000 toneladas diarias de oro y cobre. Es, además, la única mina activa en Colombia que extrae cobre, un mineral clave en la transición energética.
La ANM anunció la renovación del contrato el pasado 29 de marzo, durante un evento llamado “Mina El Roble: Acuerdos para la firma de una nueva concesión minera”. Desde entonces, el acuerdo entre la entidad y la empresa Miner S.A, nombre de la sociedad entre la familia Gaviria y la empresa Ático Mining, generó rechazo e inquietudes entre las comunidades del Carmen de Atrato, que denuncian afectaciones sociales, económicas y ambientalmente por más de 35 años en esta zona del país.
Una de las principales inquietudes se basa en una decisión del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 7 de marzo, 22 días antes de la audiencia pública, el centro ordenó a Miner S.A pagarle al Estado colombiano 119.000 millones de pesos, aproximadamente 29 millones de dólares, por regalías no liquidadas desde 1994 y por exceder los topes de explotación de cobre.
En ese sentido, desde el Carmen de Atrato surge la pregunta: ¿Por qué la Agencia Nacional de Minería va a suscribir un nuevo contrato con una empresa que le debe al Estado colombiano 119.000 millones de pesos y que fue denunciada por la propia entidad? Una pregunta que no fue resuelta por la agencia en el encuentro del 29 de marzo, realizado en el coliseo del municipio chocoano y que a la fecha de esta publicación permanece sin respuesta.
El mismo día de la audiencia realizada en el Carmen de Atrato, siete organizaciones sociales, entre ellas Siembra, la Plataforma del Campesinado y la Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato, enviaron un pliego de peticiones a Álvaro Pardo, presidente de la ANM, con el propósito de “expresar sus inquietudes y elevar sus peticiones” para que fueran tenidas en cuenta en la negociación con Miner S.A.
En total, las organizaciones presentaron 14 peticiones formales a la ANM para que fueran atendidas antes de firmar la renovación con Miner S.A. Una de ellas exige que la empresa cuente con una licencia ambiental como instrumento de evaluación, seguimiento y control del nuevo título minero.
Denunciaron que la mina El Roble venía operando por más de tres décadas, “sin contar con una licencia ambiental debido a que quedó dentro del régimen de transición ambiental por haber iniciado sus actividades antes de la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993”, apuntaron las organizaciones en el pliego de peticiones.
En ese sentido las organizaciones sostienen que sobre la mina El Roble ha regido un “flexible régimen ambiental” que escapó de cualquier evaluación, lo que derivó en pasivos y obligaciones ambientales incumplidas por parte de la multinacional. Entre los incumplimientos ambientales destacaron que de 115 hectáreas prometidas para reforestación, entre 2001 y 2023, sólo se han reforestado 12.
Una auditoría por el cuidado del Atrato
Las denuncias por el incumplimiento de la sentencia no son nuevas. Desde 2019, la Contraloría ha advertido sobre daños ambientales derivados de la operación de la mina El Roble. En una auditoría, la entidad señaló, respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que “no existen evidencias que permitieran verificar el cumplimiento de las gestaciones pertinentes en el proyecto de minería”.
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