La operación se llevó a cabo en zonas rurales de Quibdó y Carmen de Atrato, con afectaciones económicas que superan los 600 millones de pesos.
En las últimas horas, la fuerza pública reportó una operación desarrollada en el departamento del Chocó en contra de las economías ilegales asociadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros. La actuación conjunta del Ejército y la Policía se concentró en áreas rurales donde la minería ilegal ha sostenido estructuras armadas y circuitos financieros paralelos.
De acuerdo con el Ejército, se desplegaron unidades militares y policiales en sectores de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato y la intervención se enfocó tanto en la explotación ilícita de minerales como en las afectaciones ambientales derivadas de estas prácticas, de acuerdo con los reportes oficiales.
Durante la operación fueron intervenidas 36 Unidades de Producción Minera. En el balance entregado por las autoridades se incluyó la destrucción de nueve dragas tipo buzo y la inutilización de 27 motores empleados para la extracción de oro, equipos que operaban en cauces y zonas de influencia hídrica de la región.
El impacto económico de la acción fue calculado por la fuerza pública en más de 600 millones de pesos, cifra correspondiente al valor de la maquinaria destruida. Estas unidades hacían parte del andamiaje logístico que permitía la continuidad de la actividad minera ilegal en el territorio.
A la par de la pérdida de equipos, las autoridades señalaron que la operación evitó la extracción de cerca de 4.000 gramos de oro mensuales. Según los cálculos oficiales, este volumen habría generado ingresos cercanos a los 2.000 millones de pesos en el mercado ilegal, recursos que alimentaban las finanzas del ‘clan del Golfo’, específicamente de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’.
Las acciones ejecutadas en esta zona del Pacífico colombiano se suman a otras operaciones que buscan interrumpir la relación entre minería ilegal, control territorial y financiación de grupos armados, una dinámica que continúa incidiendo en la seguridad, el ambiente y las condiciones de vida de las comunidades locales.
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