Organizaciones de mujeres y colectivos feministas denunciaron la creciente violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas indígenas, e hicieron un llamado urgente al Gobierno exigiendo, acciones concretas.
La situación humanitaria en el departamento del Chocó, particularmente en las comunidades indígenas y rurales, ha alcanzado un punto crítico que exige la atención inmediata del Gobierno nacional y la comunidad internacional.
El 11 de septiembre, organizaciones de mujeres y colectivos feministas denunciaron un hecho escalofriante que refleja el nivel de degradación y abuso en la región. Miembros del Clan del Golfo habrían irrumpido en la comunidad indígena embera y obligaron a las mujeres a bailar para ellos como un acto de intimidación.
De acuerdo con las organizaciones, en medio de la noche, las mujeres intentaron escapar, pero cinco de ellas fueron retenidas. Estas mujeres, cuyas edades oscilan entre los 14 y 19 años, fueron identificadas como Merina Forastero Isarama, de14 años; Yamilda Forastero Isarama, de 18; Enerita Forastero, de 14 años; Clara Chamorro Morroco, de 19 y Yorleydi Chamorro Morroco, de 15 años.
Según el comunicado compartido por las denunciantes, los detalles del paradero de las víctimas y su situación actual permanecen desconocidos, aumentando el temor por sus vidas.
Estos hechos no son aislados, pues las organizaciones señalaron que la violencia sistemática en Chocó se ha intensificado a lo largo del tiempo, con un total de 108 homicidios en lo que va de 2024, todos atribuidos a bandas delincuenciales organizadas y al Clan del Golfo. Incluso, destacaron que el propio alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños Pino, ha tenido que trasladarse a Bogotá para exigir atención por parte del Gobierno nacional, ya que las medidas locales parecen insuficientes ante el embate de la criminalidad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre la situación de las mujeres en Chocó en múltiples ocasiones, señalando la precariedad y vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado. Tras sus visitas el 8 y 24 de mayo a las comunidades de Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudo; la entidad defensora de los derechos humanos advirtió que las mujeres de estas regiones han sido víctimas de extorsión, acoso sexual y ultrajes, un patrón de abuso, “que parece no tener fin”.
“Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor”, señalan las organizaciones de mujeres.
Piden acciones concretas para frenar la violencia en Chocó
Frente a estos hechos de violencia, las denunciantes exigen acciones inmediatas. Entre las solicitudes más urgentes, piden la reactivación de los acuerdos humanitarios, el cese al fuego y el establecimiento de mesas de conversación entre los actores armados y el Gobierno nacional. También reclaman que los grupos armados respeten el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, con especial énfasis en la protección de las mujeres y niñas.
Además, instaron al Gobierno nacional a declarar al Chocó como prioridad dentro del marco de la política contra la violencia de género, tal como fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. “Es apremiante que el Gobierno adopte medidas para prevenir, judicializar y sancionar la violencia basada en género y por prejuicio. Solo así se podrá garantizar la seguridad y la vida de las mujeres en todo el departamento”, señalan en su comunicado.
Otro de los aspectos fundamentales planteados por las organizaciones feministas es la creación de un canal de diálogo directo entre el Gobierno nacional y los colectivos de mujeres en el contexto de los procesos de negociación. “Las mujeres somos titulares del derecho a la paz, nuestras voces y aportes son una condición necesaria para que los procesos de negociación permitan avanzar en la terminación definitiva del conflicto armado, la construcción de paz y la consolidación de la democracia”, afirmaron.
Por su parte, los jóvenes de Quibdó también han alzado la voz, reclamando su derecho a vivir en paz y construir un futuro sin la sombra de la guerra. En sus manifestaciones, han sido contundentes: “No somos la generación del futuro”, un grito que resuena con fuerza en un departamento que ha sido históricamente marginado y golpeado por la violencia.
Las organizaciones de mujeres y feministas aseguran que “La Paz Total es el horizonte”, y que todos sus esfuerzos están dirigidos a alcanzar una solución integral que garantice una vida digna y libre de violencia para las mujeres, niñas y toda la población civil en Chocó. Este llamado a la acción es un recordatorio contundente de que la paz no es solo un acuerdo entre actores armados, sino un derecho de todos los ciudadanos, especialmente de quienes han sufrido las peores consecuencias del conflicto.
