Son más de 400 personas pertenecientes a 200 familias del Resguardo Indígena Yarumal y El Barraco, en Antioquia.
Una de las secuelas más cruentas de la guerra ha sido el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. Por ello, el Estado se ha dado a la tarea y el deber de la restitución de miles de hectáreas a lo largo y ancho del territorio nacional a víctimas del conflicto armado.
Jose Alberto Kunzell, director territorial de restitución en Apartadó, explicó que la demanda pretende formalizar el territorio de esta comunidad, que abarca más de 5.000 hectáreas en Riosucio (Chocó). Además, se busca fortalecer la Guardia Indígena y desarrollar un plan de reparación colectiva. “Queremos que se garantice el uso del territorio de acuerdo a las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas de la zona del Urabá y el Darién”, afirmó Kunzell,
De acuerdo con lo expuesto por la entidad, estas comunidades indígenas han sido víctimas de desplazamiento, homicidio, reclutamiento forzado, siembra de minas, secuestros y bombardeos por parte de grupos armados durante más de 30 años. Por ello, la demanda busca una reparación integral para estas personas, quienes han sufrido violencia por parte de paramilitares, la antigua guerrilla de las Farc e incluso el Ejército Nacional.
Cabe señalar que, el equipo de Asuntos Étnicos ha realizado al menos cuatro caracterizaciones y demandas que benefician a comunidades ancestrales en Murindó y Belén de Bajirá. Estas acciones, según indican, son parte de un esfuerzo continuo para “devolver tierras a las comunidades indígenas y asegurar su derecho a vivir en sus territorios originarios”.
