Además, una comunidad se vio en la obligación de desplazarse hacia el casco urbano del municipio porque fue objeto de amenazas y señalamientos de ser informantes del bando contrario. Son cerca de 140 personas, el equivalente a 27 familias.
La Defensoría del Pueblo ofició a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para que implementen medidas que permitan atender a la población afectada.
Así mismo, solicitó protección especial para los líderes sociales y comunitarios y personas que están amenazadas de muerte por las estructuras armadas ilegales hasta que les activen una ruta que permita evacuarlos de forma segura.
Una grave situación humanitaria padecen los habitantes del municipio de Juradó, en el departamento del Chocó, debido a enfrentamientos que sostuvieron el 9 y 10 de diciembre integrantes de la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo). Los combates obligaron a la mayoría de sus habitantes a confinarse.
“Nuestros funcionarios de la Regional Chocó asistieron a un consejo extraordinario de seguridad, en el que reiteraron a todas las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas que pongan en marcha las medidas necesarias para que sea atendida la población afectada”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En la comunidad Eyazaque, del resguardo Nusí Purrú, miembros de uno de los grupos ilegales amenazaron a quienes allí habitan. En la comunidad Cedral, los pobladores quedaron en medio del fuego cruzado. Ambas están confinadas.
La comunidad Amba Patato también fue objeto de amenazas y señalamientos de ser informantes del bando contrario, lo que originó el desplazamiento de 137 personas (27 familias) hacia el casco urbano de Juradó, cabecera en la que, por combates entre las dos estructuras armadas, una mujer indígena y un adulto mayor fueron asesinados.
“En el consejo de seguridad, adicionalmente, solicitamos para los líderes étnicos y las personas que están amenazadas de muerte protección especial hasta que sea activada una ruta segura que permita evacuarlos. Sus derechos a la integridad y vida deben ser protegidos”, expresó el Defensor del Pueblo.
Un joven amenazado, que estaba siendo protegido en el casco urbano de Juradó, decidió salir hacia Bahía Solano para solicitar más seguridad, sin embargo, cuando iba abordo de una lancha de transporte público fue interceptado por criminales; hasta el momento, se desconoce su paradero.
Juradó cuenta, además de su cabecera municipal, con 14 comunidades indígenas, que pertenecen a cuatro resguardos, y cinco corregimientos afro. En casi todos, sus habitantes son susceptibles de la vulneración de derechos por el ELN y las AGC.
“Necesitamos que las autoridades de los distintos niveles implementen una estrategia integral de protección para los moradores no únicamente de Juradó, también de la subregión del Pacífico Norte, la cual incluye otros dos municipios, como lo son Nuquí y Bahía Solano. En los tres hay una exacerbación de la violencia armada”, señaló Camargo Assis.
El Defensor del Pueblo también le solicitó a la fuerza pública mayor presencia en los territorios afectados: “Para que así sean contenidos todos los riesgos a los que están expuestos los habitantes de Juradó y sus áreas vecinas. Tener el control efectivo de la situación es salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades”.
