Comunicado 740/ Quibdó (Chocó), 23 de octubre de 2024 (@DefensoriaCol). Con el propósito de ponerle freno a la vulneración de derechos de estudiantes, docentes y administrativos de la ‘Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba’ (UTCH), ubicada en Quibdó, donde no han podido llevarse a cabo clases magistrales y otras actividades propias de las funciones de servidoras y servidores públicos que laboran en el lugar, la Defensoría del Pueblo, con el concurso de su Regional Choco, continúa facilitando escenarios de diálogo que permitan que todo vuelva a la normalidad.
Sin embargo, también llama al Estado para que les brinde protección al alumnado y profesorado del alma mater que han sido víctimas de amenazas en un escenario de agitación de protestas a causa del cambio de rectoría, cuyo proceso será realizado a mediados de noviembre próximo.
“Es preocupante ver cómo el conflicto en la Universidad del Chocó ha escalado hasta el punto de llegar a las confrontaciones físicas. La vida e integridad de quienes están siendo objeto de amenazas deben ser protegidas por las autoridades competentes. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del departamento, razón por la cual no podemos permitir que la situación ponga en riesgo el futuro de las y los estudiantes. La salida es la concertación a través del diálogo”, expresa la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
El 8 de agosto de este año, días después de que un grupo de personas encapuchadas bloqueó la entrada del plantel de educación a la comunidad universitaria, la institución nacional de derechos humanos le solicitó al Ministerio del Interior adoptar medidas urgentes de prevención y protección para garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad personal de lideresas y líderes estudiantiles del colectivo ‘Movimiento Estudiantil UTCH Somos Todos’, pues sufrieron amenazas de muerte.
Adicionalmente, la Defensora Iris Marín les hace un llamado urgente a todas las partes implicadas: “Es momento de dejar de lado las diferencias y buscar soluciones comunes que prioricen el bienestar de la comunidad académica. De igual forma, las autoridades universitarias deben ser transparentes en sus actuaciones administrativas y financieras, explicando claramente sus estrategias para fortalecer la investigación y docencia”.
El Ministerio de Educación y demás actores involucrados tienen la responsabilidad de intervenir de manera definitiva para evitar que la crisis siga escalando. “No podemos lamentar después lo que podemos prevenir hoy. La educación es un derecho, no podemos convertirla en campo de batalla”, afirma la Defensora Iris Marín.
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