La Corte Suprema de Justicia investigará al representante a la Cámara por una curul de paz, James Hermenegildo Mosquera. Será por los delitos de fraude en el registro de víctima, fraude procesal y falsedad en documento público agravado por presuntas irregularidades en su registro como víctima del conflicto para aspirar a una curul de paz en las elecciones de 2022.
Mosquera finalmente fue electo para representar a las víctimas del conflicto armado del Chocó en el Congreso. Como representante a la Cámara de una curul de paz, lleva la vocería de las 450 mil víctimas del Chocó, un departamento de 530 mil personas. Mosquera se presentó como una de esas víctimas para aspirar a la curul de paz, pero hay indicios de que cometió fraude para su tener su certificación.
Fue denunciado y hay documentos que muestran el posible fraude. En diciembre del año pasado, la oficina jurídica de la Unidad para las Víctimas denunció a Mosquera ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema por presunto fraude en el registro único de víctimas.
Como reveló La Silla Vacía en esta investigación, hay documentos que dan cuenta de las irregularidades en su acreditación como víctima. Por ejemplo, Mosquera declaró el 2 de noviembre de 2021 haber sido amenazado seis días antes por “grupos guerrilleros” en Itsmina y por eso se tuvo que desplazar forzadamente. Esa declaración lo tiene en líos con la justicia, porque no es claro en los documentos ni en la entrevista que La Silla Vacía tuvo con el congresista cómo los guerrilleros llegaron hasta una supuesta oficina.
La mayor irregularidad tiene que ver con el lugar, porque una carta de la secretaría de Gobierno de Istmina a la Unidad de Víctimas, dice que Mosquera no vivía en ese municipio del Chocó. A todo esto se le suman otras inconsistencias más, que entorpecen la credibilidad sobre su condición de víctima.
Mosquera carga con otros líos. Tiene uno por presunta corrupción. En noviembre de 2020, la Fiscalía lo imputó ante un juzgado en Mocoa, por el delito de peculado por apropiación agravado. Es decir, que Mosquera se habría robado dineros públicos para su propio beneficio.
Y el otro es por irregularidades en su representación de las víctimas de Bojayá, en la que él logró con éxito una condena contra el Estado y una indemnización a las víctimas. Pero su actuación ha sido disciplinariamente investigada y víctimas denuncian que les ha incumplido.
Deja una respuesta