Desde el pasado 21 de julio, representantes de los consejos comunitarios de los ríos Truandó, Salaquí y Quiparadó, junto con el presidente de Acamuri, iniciaron una intensa agenda en Bogotá. Su objetivo: exigir avances en los compromisos derivados de la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 005 de 2009, además de denunciar la alarmante situación de abandono que viven las comunidades del Bajo Atrato, especialmente en el municipio de Riosucio, Chocó.
Los líderes sustentan sus demandas en un sólido marco legal que respalda los derechos de las comunidades étnicas, incluyendo normas como la Ley 70 de 1993 y el Decreto Ley 4635 de 2011. La delegación reclama que los derechos territoriales, sociales y culturales de sus pueblos sean garantizados de manera efectiva y no solo en el papel.
Agradecieron el apoyo recibido por parte de @codechoco, la empresa @wildlifeworks y la @GobChoco, que facilitaron recursos para el desplazamiento. No obstante, cuestionaron la falta de respaldo del alcalde de Riosucio, Juan Moreno Mena, de quien dijeron no haber recibido “ni una llamada”, lo que ha generado molestia entre los voceros de las comunidades.
Con el acompañamiento de líderes como @yolandaperea y los representantes a la Cámara James Torres y Astrid Sánchez, la comitiva logró reuniones clave con entidades como @MinSaludCol, @UnidadVictimas, @MinIgualdadCol, @MinVivienda y el Congreso. Cada encuentro ha servido para reiterar la urgencia de implementar soluciones reales y sostenibles en el territorio.
La crisis por la ola invernal ha agudizado aún más las condiciones de vulnerabilidad en el Bajo Atrato. Los voceros insisten en que el Estado debe pasar del discurso a la acción. “No vinimos a pedir favores, venimos a exigir derechos”, expresaron con firmeza.
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