Dos integrantes de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas han pedido apoyo a las autoridades españolas para construir la paz en su territorio ante el aumento de violencia
A Nervita Moreno López (Quibdó, Colombia, 62 años) no le pasó por la cabeza dejar de ser lideresa comunitaria la primera vez que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) la secuestraron en 2010. Tampoco años después, cuando los paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretaron en Chocó, el departamento en el que vive, un paro armado que impidió que siguiera desempeñando su trabajo durante días.
“Fue una oportunidad para medirme hasta dónde llegaba esa capacidad de resistencia y resiliencia”, afirma López. Ser mujer en Chocó —el departamento más pobre y donde el 80% de su población se identifica como negra— es difícil. “Ser lideresa y mujer chocoana implica estar dispuesta a lo que sea.
Estar expuesta a todo”, sentencia Nimia Teresa Vargas Cuesta (Quibdó, 67 años). Ambas forman parte de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, una organización que hace 33 años nació como respuesta a la “desatención” de las autoridades en este territorio, donde la disputa por el control territorial entre los grupos armados ilegales ha exacerbado la violencia con paros armados, confinamientos, feminicidios, reclutamiento forzoso, presencia de minas antipersona y explotación de recursos naturales.
La disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por el control del territorio —geográficamente estratégico por sus ríos— ha disuadido cualquier posibilidad de paz para ellas. La situación humanitaria actual es la peor desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 2016 con las FARC, según alertó la Cruz Roja en su informe de 2025. “Están quemados [los acuerdos de paz]”, es la primera reacción de Moreno López. “No valió la pena el acuerdo […] No digo que estén muertos, pero nunca se llegó a una transición”, matiza Vargas Cuesta en una entrevista con EL PAÍS durante una reciente visita en Madrid.
Ambas se reunieron con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para fortalecer su relación y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir que le “recuerde” al presidente colombiano, Gustavo Petro, las promesas que hizo para llegar a la paz y solicitar medidas de protección efectivas para los defensores de derechos humanos.
El trabajo social en Chocó per se es remar contra corriente. Pero ahora, tras la suspensión de los fondos de la agencia estadounidense de cooperación al desarrollo, USAID, su situación se agrava: tres de sus proyectos productivos, principalmente para mujeres víctimas de desplazamiento, han quedado en el limbo. “Nos estamos alejando de alcanzar la paz”, puntualiza.
Entre sus proyectos, las activistas destacan el restaurante La Paila de mi abuela, una iniciativa creada en 2004, que emplea a 21 personas y defiende la gastronomía del Chocó.
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