Más de 13 mil millones de pesos en elementos para la extracción ilícita fueron inutilizados 

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32 UNIDADES DE PRODUCCIÓN MINERA FUERON INTERVENIDAS EN TUTUNENDO, CERTEGUI, RIO QUITO Y QUIBDÓ  

La Policía Nacional, en desarrollo de la estrategia integral contra la minería ilegal adelantó una serie de operaciones en Tutunendo, Certegui y Rio Quito en coordinación con el Ejército Nacional, logrando un importante resultado frente a la contaminación de los cuerpos hídricos y minería de aluvión que tanto daño le causan a nuestro medio ambiente.

Las operaciones fueron desarrollada en el marco de la operación Dragon IV y V por unidades de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, en una operación conjunta coordinada e inteligencia de minería con personal de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en coordinación con la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo – UNIMIL, el Ejército Nacional y Codechocó quienes evidenciaron en el sitio que estas maquinarias eran utilizadas para la actividad ilícita, por lo que se procedió a su destrucción bajo el direccionamiento del técnico profesional en explosivos del Departamento de Policía Chocó

En el desarrollo operacional se intervinieron 32 unidades de producción minera, 06 dragas, 03 retroexcavadora, 08 plantas generadoras de energía, 05 motores tipo cuminns, 07 motobombas, 5000 galones de combustible.

Los elementos mecanizados destruidos e incautados, tienen un valor comercial de $13.939.835.000

Con la inutilización de esta maquinaria pesada, se afecta la economía criminal del ‘Clan del Golfo’ ‘Subestructura Héroes de Jesús Carretera’ y el frente Manuel Hernández ‘el Boche’ del ELN quienes financian sus actividades criminales a través del cobro extorsivo del 20% a los mineros informales.

La operación se realizó, en el marco del cumplimiento de la sentencia T-622 de 2016, que reconoce al Rio Atrato como sujeto de derechos y al decreto presidencial 2235 del 30 de octubre de 2012, emanado por el Ministerio de Defensa Nacional, se cuenta con un nuevo elemento de control a la minería ilegal, pues por medio de este acto administrativo se aprueba la destrucción de maquinaria pesada y sus partes que se utilicen en actividades de exploración de minerales sin las autorizaciones.